En el año 1999 Gerardo Díaz-Ferrán compró a Alfonso Güell, marqués de Comillas, casi 5.000 de las 7.000 hectáreas que tenía El Alamín. En ese momento Gerardo y su socio Gonzalo Pascual se podían considerar afortunados: tras una vida trabajando, una serie de negocios les coronaban como una de las parejas de empresarios más prósperos de España. Gerardo revendió parte de lo comprado para quedarse con 2.000 hectáreas, invirtió mucho dinero en renovar la casa dotándolo de todo tipo de comodidades: salones, cine, apartamentos para sus hijos, pista de tenis, campos de fútbol y piscina cubierta.
El Alamín no es una finca cualquiera. Aparte de ser una de las fincas más bonitas de España, a poco más de 50 kilómetros de Madrid, es uno de los cotos de caza con más historia del país. Bañado por el río Alberche, fue la dote que llevo la hija de Álvaro de Luna en 1484, cuando se casó con Íñigo López de Mendoza, II duque del Infantado. Estuvo en manos de los duques del Infantado hasta la quiebra del duque de Osuna, cuando se subastaron sus bienes en 1896. Fue entonces cuando la compró el marqués de Comillas, quien levantó una casa donde se encontraba el antiguo castillo y se llevó del vecino castillo de Maqueda la portada renacentista que da entrada a la capilla actual de la casa.
Poco más de diez años pudo disfrutar Díaz-Ferrán de El Alamín, ya que fue vendido en marzo de este año a un venezolano. La caída definitiva de Gerardo Díaz-Ferrán, ocurrida la semana pasada con su procesamiento e ingreso en prisión, es la última saga de una historia que ahora sí que definitivamente parece que augura un mal final. La conmoción que ha dado pie este encarcelamiento contrasta con las listas de invitados de las monterías que pudo organizar todos esos años, volviéndose a demostrar que la relación prensa-política-empresariado es, cuando menos, incestuosa.
En los dos socios se dan todos los tópicos de una serie de empresarios que han llevado a España al precipicio donde se encuentra. Empresarios hechos a base de concesiones administrativas dadas por los políticos, financiados por las Cajas de Ahorro controladas por los políticos y que ya en plena burbuja se lanzaron a nuevos negocios completamente apalancados, siempre financiados por las mismas Cajas de Ahorro donde ya por entonces eran incluso miembros del consejo de administración. Mientras tanto descuidaban el negocio tradicional, donde reinaba un caos contable que nadie quiere auditar. Todo ello unido a una mala segunda generación incapaz de hacerse cargo mientras ellos estaban cada vez más dedicados a temas políticos y sociales.
En un país como España, el daño que estos sucesos hacen a la imagen de los demás empresarios es muy grande. Para el empresario tan importante es saber crecer como tener una caída ordenada, con algo tan de sentido común como pagar las deudas. Gerardo Díaz-Ferrán, al igual que Ruiz Mateos, ha perdido esta vez algo peor que sus empresas: su reputación y el respeto de la gente honrada. Lo peor, como siempre, se lo llevan todos aquellos pequeños empresarios que se han visto arrastrados en el concurso por unas deudas incobrables, todo por haber hecho honradamente su trabajo.