Lo ha dejado muy claro el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, sobre el papel instrumental del Concierto económico para avanzar hacia la secesión fiscal. Se trata de ganar la batalla de los conceptos para desde ellos, poder exigir más tarde las consecuencias económicas y fiscales que se derivan de ellos. "Hay una serie de batallas que no son estrictamente económicas, sino que tienen que ver con la arquitectura legal y jurídica", ha declarado ante la imposibilidad de alcanzar, en medio de la crisis económica, la cesión de más tributos, con el intento de incorporar a todo el arco parlamentario catalán contra el Estado por el pacto fiscal. Como con la reforma del Estatuto, el PSC y PPC vuelven a caer en la telaraña secesionista de las palabras para no quedarse fuera de la última cruzada de los nacionalistas. De psiquiatra.
Esto acaba de escribir el portavoz socialista en el Parlamento de Cataluña, Miquel Iceta: "Los socialistas catalanes proponemos que Cataluña obtenga una hacienda propia a partir de un Consorcio entre el Estado y la Generalidad presidido por ésta y como única administración tributaria en Cataluña". De un solo brochazo, les ha legalizado la hacienda propia, el consorcio económico y la limitación de la solidaridad con el resto de comunidades. En una palabra, se han abrazado a los derechos históricos más reaccionarios y se enfrentan al artículo 138.2 de nuestra Constitución: " Las diferencias entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales".
¿Y por qué la pretensión nacionalista de un pacto fiscal que tenga por objetivo la consecución del concierto económico no es un derecho sino un privilegio?
En España existen dos modos de gestionar la financiación de las comunidades autónomas. El régimen común regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) al que están obligadas todas las comunidades autónomas, y el del País Vasco y Navarra, que se rigen por un cupo excepcional derivado del espíritu medieval de los foros que la Constitución reconoció como derechos históricos. Un patinazo impropio de una Constitución que, en su artículo 139.1, lo contradice de forma explícita: "Todos los españoles tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".
Es evidente, que vascos y navarros tiene más derechos que el resto de españoles, pues
mientras los demás disponen de un euro por ciudadano para garantizar la sanidad y la enseñanza, el Gobierno vasco y navarro tienen más de un euro y medio. Y es esto lo que quieren los nacionalistas catalanes. En vez de pedir su abolición, exigen participar del expolio, este sí, de unos españoles sobre otros en nombre de unos derechos históricos predemocráticos y profundamente insolidarios, nacidos de las exigencias del carlismo en el S.XIX. Muy al contrario, los criterios del sistema de régimen común, se rigen por la equidad y la solidaridad que el Estado, con la participación de las comunidades autónomas, acuerda a través de la LOFCA y que se concreta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Afinar los recursos a los diversos intereses de cada comunidad es legítimo, pretender obtener privilegios, no.
Pues bien, para llegar a estos privilegios, el Gobierno de Artur Mas está siguiendo al pie de la letra la táctica de poner primero palabras (pacto fiscal), legitimar después el sistema de financiación (Concierto económico) y finalmente exigir el contenido que la leyenda de las palabras han definido al inicio (hacienda propia). Antes lo han hecho con "normalización lingüística", "cohesión social", "lengua propia", "televisión nacional"... de consecuencias del todo excluyentes.
A este tocomocho se ha sumado no sólo el partido socialista, sino la mismísima Alicia Sánchez Camacho del PPC al afirmar su intención de abstenerse en la votación sobre el Concierto económico en el Parlamento catalán prevista para julio, cuando su propio partido se había opuesto a él en el Estatuto que recurrió: "El PP está valorando su abstención como actitud más responsable para evitar el choque de trenes, porque somos el partido del Gobierno español, con el que Mas tendrá que negociar la propuesta catalana de pacto fiscal".
Con su abstención, saldrá adelante el concepto y los nacionalistas podrán decir que el pueblo de Cataluña en pleno lo quiere. Valiente defensa de la igualdad en derechos y deberes de todos los españoles.
En el fragor de la batalla dialéctica, la política nos substrae de los fundamentos de las cosas. Si Cataluña exige gestionar sus recursos fiscales, por qué no lo va a hacer Barcelona que tiene un déficit fiscal sobre las otras provincias catalanas; y si lo hace Barcelona, por qué no el barrio de Pedalbes, lleno de ciudadanos pudientes. Y ya puestos, ¿por qué el más ricachón del barrio de Pedralbes no podría exigir por la misma lógica gestionar sus propias aportaciones fiscales? Mira tú qué truco tan sencillo para no pagar impuestos, o vivir de una sociedad donde él saca beneficios pero se desentiende de su mantenimiento.