Un exhaustivo informe de la Guardia Civil remitido al juez Ruz insiste en la evidencia de que el chivatazo a la ETA en el Bar Faisán fue obra del equipo de Rubalcaba cuando ejercía de ministro del Interior. Dicho informe considera suficientemente probado que el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector Ballesteros dieron el soplo a la red de extorsión de la banda terrorista, lo que coloca nuevamente a Rubalcaba en el centro de las sospechas más que consistentes como instigador de una acción que supone nada menos que la colaboración del Gobierno con la banda terrorista ETA.
Pero no sólo el jefe del principal partido de la oposición queda retratado como sospechoso de la comisión del que tal vez es el delito más grave que puede cometer un gobierno legítimo. También el juez Gómez Bermúdez, que al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional urdió la revocación del procesamiento de los tres acusados, queda en evidencia ante el concluyente informe de la Benemérita, en virtud del cual los tres colaboradores de Rubalcaba en la lucha antiterrorista en el País Vasco jamás debieron ser exculpados en la fase de instrucción como finalmente acordó la sala presidida por el magistrado del 11-M.
En aquella ocasión, Gómez Bermúdez se sacó de la manga una interpretación novedosa que negaba toda jurisprudencia anterior, incluida la que él mismo atendió para juzgar a los procesados por los atentados del 11-M. Así, y en contra de lo afirmado por este magistrado en la sentencia del 11-M, la Sala presidida por él decidió pro domo sua que para poder calificar un delito como colaboración con banda armada era necesaria la existencia probada de una afinidad ideológica entre los colaboradores y los terroristas. Ese fue el argumento utilizado para revocar el procesamiento de la cúpula de Interior, que ahora deberá adquirir nuevamente carta de naturaleza a la luz de lo que la Guardia Civil demuestra en el informe remitido al juez instructor.
A la vista de estas nuevas revelaciones, resulta inconcebible que el principal sospechoso de un delito de tal gravedad siga no sólo en la política activa, sino dirigiendo el principal partido de la oposición como si el caso Faisán no tuviera nada que ver con él. En el ámbito de la Justicia, tampoco resulta decoroso que el autor de los enjuagues procesales que evitaron el normal transcurso de una instrucción ejemplar siga ejerciendo sin asumir la menor responsabilidad.
A partir de ahora el magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cuenta con un catálogo de evidencias contrastadas en número suficiente para insistir en su línea de instrucción, boicoteada por la polémica decisión de la Sala de lo Penal presidida por Gómez Bermúdez. De las conclusiones de su tarea investigadora cabe esperar el nuevo procesamiento de los principales acusados para que, en el juicio posterior, se diriman las responsabilidades penales que cabe imputar a cada uno de ellos.
En cuanto a las responsabilidades políticas, la deslegitimación de Rubalcaba para la política activa es también un hecho que el partido del gobierno debería exigir nuevamente a diario ante la gravedad de los hechos ocurridos durante su gestión como responsable de Interior, que ahora la Guardia Civil confirma con la contundencia de su informe. Cuanto antes desaparezcan de la vida pública personajes como él mucho mejor para España y también para la democracia.