Las universidades en España se han convertido en instituciones pesadamente conservadoras, incapaces de resolver por sí mismas los procelosos problemas de toda índole a los que se enfrentan. Conservadoras porque tratan de preservar a toda costa su pesada estructura administrativa y docente, en la que se reparten numerosos empleos, aún cuando ésta no encuentre correspondencia con la demanda real de estudios superiores. Conservadoras porque se revelan incapaces de disciplinar a la parte menos meritoria de sus profesores, a aquellos que no despuntan ni por sus publicaciones ni por las clases que imparten, y los amparan bajo oscuras argumentaciones referidas a la complejidad del trabajo docente e investigador. Conservadoras porque se creen imbuidas de un espíritu benefactor hacia los ciudadanos de todas las clases, de manera que les ofertan servicios educativos baratos, ocultando así que lo que verdaderamente no desean es que los usuarios de esos servicios se conviertan en consumidores exigentes con respecto a las lecciones que se les dictan. Conservadoras, en fin, porque rehúyen cualquier cambio en su sistema corporativo de gobierno en el que pesan más los intereses personales y grupales que cualquier idea de racionalidad económica o social.
Por eso, a nadie sorprende la incapacidad de nuestras universidades para hacer emerger de sí mismas las transformaciones que se requieren para mejorar su calidad, para adaptar su oferta docente a las necesidades de la sociedad, para exigir de todos sus profesores unos niveles aceptables de investigación o para que acaben siendo instituciones impulsoras de la innovación y el conocimiento. Una incapacidad que sólo puede ser superada cuando los gobiernos se deciden a reformarlas, a trastocar su conservadurismo, a impulsar cambios en ellas y a obligarlas a dar cuenta de los costosos recursos que la sociedad pone a su disposición. Esto es lo que ha hecho ahora el ministro Wert con un decreto-ley que acaba de ser convalidado por el Congreso de los Diputados, en el que se han vertido sobre las universidades públicas cuatro mensajes: uno, que no pueden seguir manteniendo Facultades y titulaciones que carecen de alumnos que las demanden; dos, que los profesores tienen que trabajar como docentes e investigadores y que, si descuidan este último aspecto, entonces tendrán que dar más horas de clase; tres, que se ha acabado la euforia del gasto sin respaldo presupuestario y que, por tanto, la gestión económica que se encomienda a los Rectores ha de estar sujeta al principio de equilibrio entre los ingresos y los desembolsos; y cuatro, que nada es gratis y menos aún la enseñanza universitaria, con lo que los Rectores tendrán que aumentar las tasas que se cobran a los alumnos.
Ni que decir tiene que esta revolución Wert ha convulsionado al estamento universitario, en el que quienes ostentan el poder rápidamente han avizorado el peligro que se cierne sobre ellos, por lo que, agitando los órganos corporativos, han llamado a la insurrección. Tal ha sido el caso del doctor Carrillo, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha sometido a debate de su Consejo de Gobierno la norma legal para llegar a un resultado que en nada sorprende, pues ratifica el conservadurismo al que antes me he referido.
Y, así, el órgano corporativo de la UCM se permite enmendar la plana al Gobierno salido de las urnas y al parlamento democrático, al expresar su "rechazo absoluto" del decreto-ley Wert, apelando a "su forma de tramitación" –¿acaso, me pregunto, el ministro debiera haberle pedido permiso o aquiescencia al doctor Carrillo para elaborar su política reformista?– y a que, según su particular visión del mundo académico, "daña profundamente el modelo vigente de nuestra universidad pública" –¿es que, me pregunto también, el modelo vigente, con su despilfarro, con su calidad deficiente, con sus incentivos a la incompetencia, no puede ser alterado nunca?–. De que Wert ha dado en la diana, después de leer este argumentario, ya no me cabe la menor duda.
El rechazo absoluto, la insurrección del doctor Carrillo, no es sólo una cuestión de principios generales, sino también de sutiles elementos que se encuentran sobre la base de su poder. Para empezar, el doctor Carrillo heredó de su predecesor, el Rector Berzosa, al que ya me he referido en alguna ocasión anterior, una universidad en ruinas cuya deuda se aproximaba –al menos en las cifras conocidas– a una cuarta parte de su presupuesto ordinario. En tal situación, el doctor Carrillo imprimió una severa contracción al gasto de la Complutense y, por ello, su Consejo de Gobierno señala que "asume sin reservas la necesidad de seguir realizando cuantos esfuerzos sean necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios, como así lo demuestran sus propios programas de ahorro".
Sin embargo, tras esta ampulosa declaración de austeridad, se ocultan reservas muy importantes que afectan simultáneamente al gasto y a los fundamentos del poder. Por ejemplo, la UCM acaba de aprobar un nuevo plan de jubilaciones anticipadas para sus profesores, justo después de que el Tribunal de Cuentas emitiera un informe en el que cuestionaba la legalidad del anterior. Por ejemplo, también, esta misma semana ha emprendido un amplio programa de promoción del profesorado –que afecta a todas las categorías, desde los ayudantes hasta los titulares, pasando por los asociados– para facilitar su acceso a puestos superiores y mejor retribuidos, sin parase a pensar que ello dará lugar a un encarecimiento general de la nómina docente y sin tomar en consideración el nada irrelevante hecho de que, en algunos centros y departamentos, las plantillas están infladas. Por ejemplo, asimismo, se ha aprobado la creación de dos nuevas Facultades a partir de las anteriores Escuelas de Estadística y Estudios Empresariales, sin reparar que ya existen centros equivalentes en los que se podrían integrar estas últimas, reduciéndose así los costes de estructura correspondientes –un detalle éste que espero tenga en consideración la Comunidad de Madrid en el momento en el que se someta esa decisión a su ratificación–. Y, mientras tanto, ya no se paga a los proveedores de bases de datos, ni de fuentes bibliográficas, ni de reprografía, ni de tantos otros suministros esenciales para la investigación científica.
La insurrección del doctor Carrillo se concreta también en el rechazo específico, "por considerarlas de especial gravedad", de medidas tales como la subida de las tasas que pagan los estudiantes –con lo que cultiva el granero de votos que éstos suponen, como, por cierto, ya hizo su predecesor–, las nuevas normas de dedicación docente de los profesores que obligan a dar más horas de clase a los menos productivos en investigación –acerca de lo cual se argumenta que el ministro Wert no tiene en cuenta "otras actividades del personal ... ni otros objetivos estratégicos de las universidades", sin que, por cierto, se aclare nada acerca de cuáles pueden ser éstos, más allá de albergar una educación de calidad y una investigación de excelencia– y, por último, "las posibilidades que abre (el decreto-ley)... para la privatización de servicios universitarios de las universidades públicas" –agitando así ese fantasma inconcreto que tan caro es a la izquierda y que ignora que el nuestro es un sistema mixto en el que caben tanto las universidades públicas como las privadas–.
En fin, el doctor Carrillo y su Consejo de Gobierno ponen el colofón a su insurrección aludiendo a que la revolución Wert "daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación"; así, con rotundidad, como si quienes hacen tal afirmación gobernaran una de las mejores universidades de España e, incluso, del mundo. Consulten los lectores el capítulo 5 del último informe anual del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (páginas 245 y 246) [http://www.cesmadrid.es/informes/situacion/informe2010/INFORME/CES-10-INFORME.pdf] y comprobarán que, en eso de la calidad, los gestores de la Complutense no deberían dar lecciones a nadie, pues no en vano su universidad, en el último curso, quedó relegada al puesto 36 entre las españolas, tras haber perdido diez posiciones en una sola tacada. Y comprobarán también que ello se debe a que su calidad docente apenas tiene un nivel equivalente al 55 por ciento del de la mejor universidad del país, y su calidad de investigación no llega al 58 por ciento de esa misma referencia.
¿Cómo concluir este recorrido por la insurrección del doctor Carrillo? Tal vez no quede más remedio que evocar una vez más la introducción al Álgebra que hace aproximadamente un milenio, hacia el año 1100, escribió el matemático y poeta persa Omar Khayyám: "la mayoría de nuestros científicos venden la razón por cualquier sinrazón, no pasan del límite de la hipocresía, guardan las apariencias, utilizan el conocimiento que tienen para ocupar puestos materiales y, si ven a alguien deseoso de justicia, deseoso de verdad, diligente al negar la sinrazón y la hipocresía, se burlan de él, lo desprecian y lo humillan".