Dos días antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por el gobierno para este jueves, los presidentes de los gobiernos autonómicos de Andalucía y Cataluña han anunciado nuevas medidas de ajuste con las que pretenden no sobrepasar el tope de déficit del 1,5% del PIB regional. Las medidas anunciadas por el presidente catalán, básicamente, consisten en reducir un 5% los complementos salariales de los empleados públicos y los complementos que paga el Gobierno catalán a funcionarios del Estado; introducir una matrícula "modesta" en los ciclos formativos; suspender la convocatoria de subvenciones hasta rehacer las condiciones; privatizar concesiones de autopistas que gestionan empresas públicas y un indeterminado despido de trabajadores de empresas públicas.
Griñán, por su parte, también ha anunciado una reducción salarial para los funcionarios del 5% de media, pero que se eleva al 15% en el caso de los interinos que verán reducidas su jornada laboral. Junto a ello, la Junta ha decidido paralizar obras públicas por un valor de 570 millones de euros y subir el tramo autonómico del IRPF para la "rentas más altas".
A pesar del tardío, mal enfocado y probablemente insuficiente ajuste anunciado, Mas y Griñan han coincidido en practicar el victimismo y en culpar de la necesidad del ajuste no a la elefantiásica y costosísima estructura administrativa de sus respectivas autonomías, sino a la supuesta inflexibilidad impuesta por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ya podrá el presidente andaluz buscarse la excusa que quiera para incumplir tan prematura y clamorosamente su promesa electoral de que los funcionarios no verían recortados sus sueldos, promesa que, como le han recordado los sindicatos, Griñán mantuvo hasta el mismo día del debate de su investidura. Pero lo cierto es que la reducción salarial de los funcionarios es inevitable si quiere preservar, como en buena parte preserva, ese santuario de derroche que constituye la comunidad autónoma andaluza. Y es que el problema no es tanto la retribución de los funcionarios sino el elevadísimo número de empleados públicos que hay en Andalucía, uno de los más altos por habitante de Europa. El problema también está en que, a pesar de haber anunciado en el pasado una reducción de su número, las empresas públicas andaluzas no sólo no han disminuido, sino que han aumentado: a principios de 2008 el número de entes públicos era de 258 hasta los 361 actuales, con un aumento del 40%. El endeudamiento de la comunidad se incrementó en 6.561 millones de euros, de los que el 8% vienen de las empresas públicas. Andalucía es, además, la tercera comunidad en la que más se ha incrementado la deuda de estos entes, la friolera de un 317,5%.
Otro tanto podríamos decir de las medidas anunciadas por Mas, si bien estas no implican una nueva subida de impuestos y contemplan una reducción, aunque inconcreta, de empleados en empresas públicas. Ya podrá Mas alegar que, de atender el Gobierno central con el pago de la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña, el recorte tendría que ser sólo la mitad del anunciado; pero lo cierto es que si su comunidad es la más endeudada en términos absolutos de España lo es por el empeño de los nacionalistas de mantener y desarrollar un modelo autonómico que aboca a costosísimas redes clientelares, absurdos despilfarros e insostenibles duplicidades. Tener Policía propia cuesta, como cuesta mantener abiertas embajadas autonómicas y demás chiringitos dedicados a fomentar delirios identitarios, incluidas las radio televisiones públicas.
Lo cierto es que si las autonomías tienen que ejecutar recortes aun mayores que los anunciados es debido, lisa y llanamente, al hecho de que no se lo pueden ni nos lo podemos permitir. La fuga de la realidad vía endeudamiento está tapada si no hay nadie que te quiera prestar o con una prima de riesgo que nos lleva a la intervención, no de Madrid, sino de Bruselas.