Tras hacerse público un zutabe en el que los etarras se siguen vanagloriando de una acción tan infame, perpetrada en favor del acercamiento de sus presos a cárceles del País Vasco, como fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha perdido una espléndida ocasión para anunciarnos que el Gobierno se mantendrá fiel a los tradicionales compromisos del PP en favor del cumplimiento íntegro de las penas para actos de terrorismo y de la detención de los etarras que aun siguen en libertad.
En lugar de eso, Gallardón se ha limitado a recordar que la Constitución prohíbe los "indultos generales" y que está a la espera de la "entrega de cuantos medios puedan estar aun al servicio de quienes han tratado de esclavizar a los vascos y amedrentar a todos los españoles".
Asimismo, Gallardón se ha mostrado favorable a una política penitenciaria que se base en una "disposición individualizada por parte de los reclusos condenados acorde con los requerimientos normativos: petición de perdón y ánimo de reparación a las víctimas".
Puestos a invocar el "principio de legalidad", más le habría valido a Gallardón recordar el imperativo legal que obliga a las autoridades a detener a todo tipo de delincuentes, incluidos los autores de multitud de crímenes etarras que, a día de hoy, siguen tan impunes como lo estaban minutos después de que se hubiesen perpetrado. Puestos a invocar el "principio de legalidad", más le habría valido a Gallardón recordar también que el hecho de "pedir perdón" o mostrar "disposición a resarcir a sus víctimas" no confiere a los presos etarras beneficio penitenciario alguno –ya sea la concesión de terceros grado o el lugar en donde cumplir la pena-, que no pueda y deba, por esos mismos motivos, concederse a cualquier otro delincuente.
Más le habría valido a Gallardón asegurar que ningún beneficio penitenciario general o amnistía encubierta a ETA se va a producir mediante la engañosa "concesión individualizada" de esos mismos beneficios o indultos a cada uno de sus presos.
Puestos a ser "vigilantes" para que ETA no utilice las instituciones en contra del Estado de Derecho, más le habría valido a Gallardón dar muestra ya de esa vigilancia instando a la Fiscalía a abrir diligencias ante los numerosos incumplimientos de la autorización judicial por la que se permitió la marcha del pasado sábado en Bilbao en favor de los reclusos de ETA.
De la misma forma que el Gobierno de Zapatero advirtió a ETA de que el "regreso" de sus voceros políticos a las instituciones no se produciría mediante la derogación de la Ley de Partidos, parecería que el Gobierno del PP está dispuesto a dejar claro a los terroristas que su exigencias respecto a sus presos no van a ser atendidas mediante amnistías o indultos generales que prohíba la Constitución.
Esperemos que esta exigencia a favor de sus presos, inscrita también en la "hoja de ruta" dictada por ETA, no sea atendida por el Gobierno del PP de forma alguna y menos con invocaciones tan engañosas al "principio de legalidad" como se hizo, con el beneplácito del PSOE –y ahora también del PP- para dejar en papel mojado la Ley de Partidos.