Pablo Soto no sólo ha logrado vencer a las hasta hace poco todopoderosas discográficas en los tribunales, hasta el punto de que se plantea demandar a esas empresas por los daños que el proceso judicial le ha causado a él y a su compañía. Los jueces han dictado sentencia de acuerdo al sentido común y la legislación: castigarle a él por crear programas de intercambio de archivos es como castigar a un fabricante de coches por el hecho de que se puedan usar en alunizajes y otros delitos. Además ha conseguido dejar en ridículo al Gobierno de Zapatero, defensor de la industria de la música, el cine y las entidades de gestión. Y lo ha hecho aprovechando una de las costumbres a las que más apego tenía el Ejecutivo socialista: la concesión de subvenciones.
El mismo Gobierno que sacó adelante una norma, la Ley Sinde, que permitirá (si es que algún día se aprueba su reglamento) cerrar sitios webs de enlaces a archivos de redes de pares, le concede a Soto una subvención de 1,6 millones de euros para el desarrollo de un buscador de archivos (tanto en la web como en los sistemas P2P). No deja de resultar absurdo que un Ejecutivo que quiere perseguir un tipo de contenidos en internet dé dinero público para facilitar a los usuarios la localización de esos mismos contenidos. De todos modos, después de siete años de Zapatero en La Moncloa pocos podían esperar lógica ni coherencia alguna en sus actuaciones y las de sus ministros.
Lo triste es que Soto tenga que recurrir a una subvención. Si, tal como ha explicado, lo ha hecho porque las empresas privadas le retiraron su apoyo debido a la inseguridad que generaba la demanda, es una pésima noticia. Eso vendría a demostrar que (como en tantas otras cosas) en cuanto entra en juego el tema de la propiedad intelectual, se pierde la confianza en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. No es de extrañar, viendo las sentencias absurdas que numerosos jueces han dictado en asuntos relacionados con internet o los derechos de autor.
Tan sólo resta esperar que ahora Soto encuentre empresas dispuestas a invertir y renuncie a la subvención. Si su producto merece la pena, no debería tener problema para ello una vez eliminado el obstáculo judicial. Sería una buena noticia que quien pasó de presunto "super pirata" a subvencionado, ahora se convirtiera en empresario que no depende del dinero público.