Ya es oficial. El Tribunal Supremo admitió a trámite las demandas contra la ley de salud, más conocida como Obamacare, que vienen de la decisión del 11º Circuito de impugnar el mandato individual de la ley –el que obliga a todo ciudadano de Estados Unidos a comprar seguro médico o si no será multado–.
En ese caso, los 26 estados y la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) ganaron parcialmente, alegando que Obamacare, oficialmente la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), debe ser anulada por ser inconstitucional. El 11º Circuito decidió que el mandato individual –considerado por muchos como la pieza clave de la reforma del sistema de salud de Estados Unidos– era inconstitucional. Pero ese tribunal se negó a dejar sin efecto la ley en su totalidad.
El Tribunal Supremo accedió a escuchar los argumentos de una serie de cuestiones planteadas en la demanda: la nulidad parcial, Medicaid y la Ley antiamparo judicial, por nombrar unos cuantos temas. En concreto, se escucharán los argumentos sobre si el Congreso "tenía el poder bajo el Artículo I de la Constitución de aprobar la provisión de cobertura mínima".
El Tribunal Supremo ordenó a las partes que informen y argumenten si la Ley antiamparo judicial (que prohíbe las acciones judiciales para bloquear un impuesto antes de que se haya establecido) se las prohíbe a la NFIB y a los estados por la disposición de cobertura mínima de la PPACA.
Asimismo, el Alto Tribunal escuchará los argumentos sobre si puede haber nulidad parcial en la PPACA por lo del mandato individual. Las partes analizarán si la ley "se debe invalidar en su totalidad ya que no se puede anular parcialmente" y si el mandato "excede los poderes enumerados del Congreso".
Por último, el Tribunal escuchará la petición de los estados sobre si el Congreso está excediendo los poderes enumerados del Congreso y el federalismo en líneas generales, al "forzar a los estados a aceptar dispendiosas condiciones que [el gobierno federal] no podría imponer directamente sin la amenaza de retenerles todos los fondos federales [a Medicaid]".
Según nuestros cálculos, la vista oral será de al menos cuatro horas y media –un tiempo récord– y estará a cargo de una verdadera constelación de abogados de primera línea del Tribunal Supremo. Lo típico para una vista oral en este tribunal es una hora. El Supremo rara vez las ha extendido a más de dos horas, pero lo ha hecho en casos importantes, como la demanda en 2003 contra la Ley de Reforma Bipartita de Campañas Electorales. El Alto Tribunal no ha fijado todavía una fecha, pero podría ser tan pronto como este mes de marzo.
El Tribunal Supremo acaba sus sesiones el 25 de junio y por lo general suele anunciar todas sus decisiones antes del término de su mandato. En algunas ocasiones, la Corte ha ampliado su plazo o ha solicitado una nueva defensa (como en el caso Citizens United v. FEC).
Es probable que tengamos una decisión el 25 de junio, justo a tiempo para los últimos meses de la batalla política por las elecciones presidenciales de noviembre en la carrera hacia la Casa Blanca.