El País y El Mundo han preguntado a miles de españoles y el resultado que arrojan es una arrolladora victoria de Mariano Rajoy. Todas las encuestas son coincidentes. Más, aunque sigue habiendo un margen para la incertidumbre, todo parece indicar que el PP tendrá de 190 a 200 diputados, y que el PSOE va de los 110 a los 120. Si el número final de escaños se mueve entre estos límites, está claro que Mariano Rajoy tendrá no sólo el respaldo sino el mandato de los españoles de tomar las medidas necesarias, por muy duras que resulten, para atajar la crisis con toda la celeridad que permita nuestra situación. ¿Lo hará?
Los ciclos políticos y los económicos son distintos. El político mira a las próximas elecciones y busca ofrecer lo más que pueda pagar con dinero público con el menor coste posible. La plasmación fiscal de esa lógica es el déficit público. Se va acumulando deuda para el futuro. Los intereses empiezan a comer una parte importante del gasto. Pero el objetivo de revalidar el poder se ha conseguido. Es un fraude a la democracia. El elector tendría que conocer y enfrentarse al pago del coste de cada aumento del gasto. O beneficiarse de cada reducción. Por eso es importante una norma constitucional que obligue a la estabilidad presupuestaria (y no el fraude que han pactado PP y PSOE). Es importante por motivos económicos, pero también por motivos de salud democrática.
El caso es que, en la situación histórica que vivimos, los intereses electorales del Partido Popular no sólo no encajan en ese modelo, sino que son diametralmente opuestos. España todavía puede escapar de convertirse en una nueva Grecia, pero también puede llegar a esa situación. Mariano Rajoy no querrá presentarse a las elecciones de 2015 como Berlusconi, habiendo dejado su país al borde del desastre. Es más, querrá que para entonces la economía esté ya en plena recuperación. Tanto para lo primero como para lo segundo sólo tiene una opción: recortar el gasto público a conciencia e imponer un modelo de financiación autonómico que no favorezca el despilfarro, a diferencia del actual. Yo ya he explicado que la mejor opción es el federalismo.
Según los cálculos, tendrá que hacer un ajuste fiscal de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, tres o cuatro puntos porcentuales del producto nacional. Eso deprimirá el PIB, pero mejorará la economía. Porque el gasto público es mayoritariamente consumo, gran parte de él improductivo, y transferencias entre españoles; grosso modo, desde los ahorradores hacia los consumidores. Además, cuanto más se limite el aumento de la deuda pública, más margen se dejará para la financiación de la economía privada, que es la que crea empleo productivo. Rajoy no sólo tiene que favorecer esta transición, sino que resulta vital para él que sea lo más rápida posible, para que cuando vuelva a presentarse en 2015 pueda decir a los españoles que él sacó a España de la crisis, aunque nunca sería del todo cierto.