La Asamblea Nacional puso en manos del Ejecutivo otro instrumento legal para continuar con el asalto a la propiedad privada en Venezuela. En 76 horas aprobó la nueva Ley de Tierras Urbanas, cuyo objetivo es "regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat".
En la Venezuela chavista, esta ley constituye otra embestida más del gobierno a la garantía constitucional del derecho de propiedad. La incompetencia de un gobierno, donde reina la ineptitud, nuevamente lo lleva a tomar atajos para intentar cumplir con sus deberes, en detrimento de los derechos ciudadanos.
La nueva Ley de Tierras Urbanas es una mampara totalitaria que busca recuperar el tiempo malgastado por la política habitacional improductiva e ineficiente que ha imperado en estos diez años, con apenas 385.869 viviendas construidas, cuando el déficit habitacional es de unos 1,8 millones de unidades.
Para lograr resultados positivos, una política habitacional requiere de tiempo, planificación y eficiencia. Para empezar, es indispensable iniciar con el desarrollo de servicios públicos, asistenciales, educacionales y tener en cuenta la cercanía de fuentes de empleo. En estos diez años del gobierno de Chávez, se ha demostrado la ineptitud del Ejecutivo para concretar desarrollos urbanísticos.
Ahora, con la Ley de Tierras Urbanas se apropiarán de tierras ya urbanizadas para supuestamente darle un uso "social". Según el artículo 6, serán sujetas a esta ley todas las tierras sin uso, ubicadas en áreas centrales de ciudades y municipios, equipadas de servicios públicos, que estén abandonadas por sus propietarios; las que no estén edificadas o cualquier otra que determine el Ejecutivo. Este último punto permite todo tipo de arbitrariedad.
El proceso para la estimación de precios que estipula la nueva ley hará que las propiedades afectadas estén siempre por debajo de su valor de mercado. Esto constituye una violación a la norma constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a recibir un precio justo por sus bienes o propiedades sujetas a enajenación o expropiación por parte del Estado.
Además, esta ley generará en los ciudadanos una percepción de inseguridad jurídica y de vulnerabilidad de sus derechos, dado que para abrir un procedimiento contra una propiedad basta que cualquier comunidad organizada presente una denuncia de tierras urbanas "presuntamente sin uso". Más grave aún es que en apenas 35 días hábiles, la toma de la propiedad queda judicialmente firme y sujeta a ocupación preventiva, sin pago por delante.
Así se reafirma el espíritu totalitario del régimen chavista, el cual con premeditación y alevosía se niega a seguir las líneas que dictan la Constitución y las leyes vigentes, donde están claramente establecidos los procesos legales para que el Estado reclame o expropie un bien o propiedad, salvaguardando los derechos ciudadanos.
En tiempos de revolución es mucho más fácil destruir y arrebatar los bienes a otros que construir prosperidad para todos.