En los últimos dos días se han sucedido las noticias acerca de la solvencia del sistema financiero español. Teóricamente, todo va bien y las declaraciones de los responsables del Gobierno y de la Comisión Europea inciden en la solidez y en la capacidad de recuperación de las entidades españolas. Sin embargo, entre líneas se puede leer una situación mucho más preocupante.
En primer lugar, Elena Salgado anunció este martes que pediría una prolongación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Comisión Europea antes del 23 de julio, para cubrir cualquier necesidad de capitalización que pudiera destaparse tras la publicación de las pruebas de solvencia que se realizan a 91 entidades europeas, entre ellas 27 bancos y cajas españoles. El FROB fue un sistema instituido por el Gobierno a mediados de 2009 para inyectar capital en las entidades españolas en apuros. En teoría, estaba vigente hasta el pasado 30 de junio, pero parece que no habrá problemas con Bruselas para ampliar este plazo.
Salgado ha asegurado que es sólo "una medida de precaución", aunque también explicó que "inmediatamente después de los resultados [de los tests de stress], las autoridades anunciarán la posibilidad de emplear instrumentos de dinero público" para afrontar las eventuales debilidades que se detecten. Es decir, que el Gobierno se pone la venda antes de la herida, quizás porque sabe o prevé que habrá entidades que necesiten acudir a ese fondo.
De hecho, en una disposición adicional incluida en el Real Decreto que modifica la Ley de Cajas aprobado la semana pasada y publicado en el BOE este martes, se admite la posibilidad de que no sólo las entidades quebradas o en problemas acudan al FROB, sino también aquellas que "sin incurrir en las circunstancias establecidas" en esa disposición precisen "a juicio del Banco de España, un reforzamiento de sus recursos propios". En resumen, que cualquier banco o caja que lo necesite podrá acudir al dinero público para financiarse. En teoría, hasta ahora sólo podían acudir a este fondo las entidades en problemas o que necesitaran ser rescatadas. Con el cambio, teóricamente se ampliaría a las entidades solventes; pero, si de verdad son solventes, ¿para qué necesitan al FROB y no acuden al mercado?
La confianza en el sistema
La suma de ambas noticias lleva a pensar que la confianza del Ejecutivo en el sistema financiero es menor de la que predica. El problema es que el FROB tiene un límite máximo de 99.000 millones de euros, de los que 10.000 millones ya están asignados. Pero el Gobierno ya tiene un fuerte problema de déficit y deuda y emitir un 10% del PIB en nuevos bonos para financiar este rescate no será tan sencillo. Y menos aún cuando los mercados ya han dejado claro que no comprarán deuda pública española si ésta no va acompañada de una alta rentabilidad.
Además de estos cambios legislativos, en los últimos días se han conocido diversos estudios que cuantifican las necesidades del sistema financiero español. Fitch cifró en al menos 50.000 millones la cantidad precisa para salvar al conjunto de entidades en problemas, mientras que RBS llegaba hasta los 90.000 millones, en el escenario más adverso, la necesidad de financiación. El informe de esta última entidad da por hecho que será necesario que el Estado español sea rescatado por la UE.
Al respecto de las necesidades del sistema financiero, Salgado ha afirmado que la cantidad incluida en el FROB es "varias veces sobrante, va a ser necesaria una cantidad muy inferior".