El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos pidió este jueves al tribunal que juzga desde el pasado lunes a los tres autores del atentado perpetrado el 30 de diciembre de 2006 en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, que dicte una sentencia condenatoria contra los supuestos responsables de colocar la bomba que "sesgó la vida" a los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate e "hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin".
Durante la última sesión del juicio que se ha desarrollado ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el representante del Ministerio Público recordó también a las 52 personas que resultaron heridas y los "daños catastróficos" que provocó el atentado cometido por ETA nueve meses después de que anunciara un alto el fuego permanente, que no rompió oficialmente hasta junio de 2007.
En su informe de conclusiones finales, Campos destacó que "ninguna persona" que haya seguido el juicio "puede albergar la más mínima duda de que estas tres personas fueron los autores de tan execrable crimen". "Existe una abundante, contundente, independiente y unívoca prueba de la participación de Portu, Sarasola y de San Sebastián en los hechos que se les imputan, que se ha obtenido de forma válida y eficaz para la presunción de inocencia", afirmó.
Además, el fiscal subrayó el "reconocimiento" que hicieron los propios autores de la "importancia de los daños que querían causar", ya que, en su llamada de aviso a la central DYA de San Sebastián se alertó de que se había colocado "una potente furgoneta bomba". "Eran conscientes de que estaban colocando no un pequeño paquete, sino una furgoneta bomba susceptible de causar muerte a una multiplicidad de personas", insistió el fiscal.
El representante del Ministerio Público elevó ayer de 900 a 1.120 su petición de cárcel para los tres presuntos autores del atentado, al considerar que ha quedado acreditado que en total fueron 52 las personas que resultaron heridas, y no 41 como inicialmente se calculó. En concreto, atribuye a los acusados dos delitos consumados de asesinato terrorista, por los que pide 60 años de cárcel (30 por cada uno), 52 delitos de intento de asesinato, por los que solicita 20 años de cárcel por cada uno, y un delito de estragos, que incrementa en 20 años más las penas solicitadas.
El fiscal también se refirió en su informe a las denuncias de torturas de Portu y Sarasola, que son objeto de un procedimiento que se sigue en San Sebastián. Así, tras defender que considera que siempre "deben ser investigadas", alertó de que no se puede "caer en la trampa que ETA pone con este tema" y destacó que con la prueba practicada en este procedimiento "no se puede afirmar en absoluto, de ninguna manera, que haya habido ningún tipo de torturas".
En concreto, recordó que consta que el grupo Elurra, al que pertenecían los tres acusados, había sido "instruido en esta materia" y, de hecho, en manos del ex jefe Garikoitz Aispiazu 'Txeroki', se encontró un documento en el que se hablaba de las "torturas falsas sufridas por Igor (Portu) en manos del enemigo".
Además, se refirió a la declaración en la vista oral de los guardias civiles que los detuvieron y que explicaron el origen de las "lesiones indiscutibles" que sufrieron Portu y Sarasola durante su arresto, en la "detención violenta" que tuvieron que practicar por la resistencia de los presuntos etarras.
Pero, en cualquier caso, el fiscal insistió en que esta alegación no afecta al procedimiento porque "no hay ninguna prueba que se obtenga de esos supuestos malos tratos". En concreto, afirmó que la declaración de Sarasola ante la Guardia Civil en Madrid, en la que reconoció su pertenencia a ETA y desveló su participación y la de sus compañeros en el atentado de la T4, ofreciendo un relato pormenorizado de los hechos, "está desconectada de cualquier género de violencia".
En este punto, recordó que el abogado de oficio que le asistió en estos interrogatorios aseguró ante el tribunal "sin ningún tipo de matiz" que esas declaraciones "fueron espontáneas, libres, sin ningún tipo de sugerencia ni de coacción", por lo que son "absolutamente idóneas para ser valoradas".
A partir de aquí, Campos fue enumerando el conjunto de pruebas obtenidas "de manera independiente" que "avalan la credibilidad" de la declaración que en calidad de coimputado hizo Sarasola, y que "por sí mismo y también de forma independiente serviría para la condena de los tres acusados".
En concreto, recordó el análisis de las llamadas de aviso realizadas el día del atentado, el comunicado en el que ETA reivindicó la actuación, las pistolas que se intervinieron a Portu y Sarasola en su detención y los documentos que se les incautaron a los tres, entre ellos, dos papeles en los que aparecían anotados números de teléfono del Parque de Bomberos de Madrid, al que se telefoneó ese día, y el plano que tenía Sarasola con el que se planeó el recorrido hasta el aeropuerto
"Estas personas pertenecen a ETA y se les encuentran documentos que les vinculan directa y personalmente con el atentado de la T4", insistió el representante del Ministerio Público, para después remachar en que cada prueba "es un compartimento que no se ve contaminada por las otras".
También recordó el fiscal los contratos con los que se comprobó el alquiler de vehículos para planear este atentado, así como otro que pensaban cometer en 2008 en el complejo comercial de Azca, en Madrid, y que sólo se pudo impedir "gracias al olfato del sargento de la Guardia Civil que detuvo a Portu". De otra manera, afirmó, "se hubiera producido una desgracia similar a la que estamos juzgando".
Además, se refirió a las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del aeropuerto, que determinaron la apariencia física de la persona que aparcó la furgoneta-bomba, que "encaja perfectamente" con la persona de Sarasola.
En consecuencia, Campos insistió en que están "absolutamente acreditados" todos los elementos materiales objetivos para atribuir a los acusados dos delitos de asesinato consumado, 51 delitos de asesinato en grado de tentativa y uno de estragos, pues "pocas veces" una bomba tiene "consecuencias catastróficas tan importantes como en este caso".
Al finalizar su informe, el fiscal aprovechó para solicitar que se aplique a los tres acusados la pena límite de 40 años y se establezca que los beneficios penitenciarios que se les puedan aplicar en un futuro sólo se computen a partir del tope de la pena impuesta, es decir, que se les aplique cuando llegue el momento la conocida como 'doctrina Parot'.
Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado insistió en considerar que existe una prueba suficiente para acreditar la pertenencia de los acusados a ETA y su participación en el atentado siguiendo las instrucciones de 'Txeroki'. Además, también recalcó que los tres presuntos terroristas que están en el banquillo de los acusados "sabían lo que estaban haciendo y las consecuencias de la carga explosiva" que llevaban.
