Blanco usa la cortina de humo de los controladores para privatizar AENA

El Gobierno socialista está a punto de emprender la tercera mayor etapa de privatización de servicios públicos en la historia de la democracia española, tras la emprendida a mediados de los años 80 (bajo Felipe González) y entre 1996 y 2002 (con el Gobierno de Aznar), mediante la aprobación del proyecto de ley sobre la prestación de servicios de tránsito aéreo, que este miércoles 14 será votado en el Senado. El objetivo consiste en privatizar, al menos parcialmente, la gestión aeroportuaria que, en la actualidad, está en manos de la empresa pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

La única diferencia con respecto a la anterior privatización efectuada por el PP es que, en esta ocasión, el Gobierno socialista y, en concreto, el ministro de Fomento, José Blanco, ha usado como cortina de humo al colectivo de los controladores aéreos para ocultar o, al menos, tratar de desviar la atención pública y mediática de dicho objetivo. Fomento tiene ya, prácticamente, cocinada la ley que permitirá la privatización de aeropuertos españoles. Un proceso que surge como necesidad imperiosa ante la deficitaria gestión pública llevada a cabo por AENA a lo largo de los últimos años.

La construcción y ampliación de aeropuertos ha situado a AENA en una posición financiera crítica e insostenible, con unos números rojos en constante crecimiento desde hace años. De los 47 aeropuertos españoles, más de 30 son deficitarios. La rentabilidad del sistema es ruinosa.

Por razones políticas, no económicas, CCAA y provincias se han lanzado a la construcción de aeródromos sin tener en cuenta los criterios de sostenibilidad empresarial. Así, según fuentes del sector consultadas por LD, "casi el 80% de las inversiones públicas realizadas en infraestructuras son deficitarias, abiertas y mantenidas por capricho político".

Privatización aeroportuaria

Como resultado, la deuda (pública) de AENA ascenderá a cerca de 12.000 millones de euros en 2010, según las previsiones de Fomento (un 19,6% interanual más). "El 97% de esta deuda es directa y proporcionalmente debida a sus inversiones y no al sueldo de los controladores", como tanto se ha empeñado en insistir Blanco a lo largo de los últimos meses.

El colectivo de los controladores aéreos ha servido como cabeza de turco para ocultar la nefasta gestión económica de AENA. El Real Decreto ley, aprobado el pasado febrero, que regula las condiciones laborales de este colectivo tan sólo permitirá ahorrar a Fomento unos 200 millones de euros, una cifra ridícula en comparación con el despilfarro que ha conllevado la ampliación y construcción de aeropuertos deficitarios.

La privatización parcial de los aeropuertos españoles, en cuya gestión también entrarán comunidades autónomas y ayuntamientos, permitirá reducir esta deuda. Así, el Gobierno ingresaría un mínimo de 3.000 millones de euros si vende el 30% de AENA al capital privado, todo un balón de oxígeno para las deterioradas cuentas del Estado. El proceso también podría realizarse mediante el intercambio de deuda por acciones, según estas mismas fuentes.

Sin embargo, la estrategia política y de comunicación ha sido otra. Blanco ha centrado toda su atención en los controladores aéreos. Y tras meses de acoso y derribo, el colectivo (tradicionalmente opaco y reservado) acaba de reaccionar de forma contundente.

Así, el presidente de USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos), Juan María García Gil, ha remitido una carta al presidente del Senado, Javier Rojo, en la que muestra su "enorme preocupación por las condiciones en las que se va a llevar a cabo este cambio legislativo, clave para el tráfico y la seguridad aérea españoles", y carga contra la gestión llevada a cabo por el PSOE.

Depilfarro público

"El decreto regula a un colectivo profesional, pero no regula a la empresa pública a la que presta sus servicios que, a lo largo de los últimos años, ha dado ejemplos suficientes de descontrol en su gestión", según el texto, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El sector acusa a AENA de no haber planificado "sus necesidades en materia de recursos humanos destinados al control aéreo y, sin embargo, ha dilapidado sus recursos en la construcción de aeropuertos que resultan claramente innecesarios y, como tales, deficitarios. Ésta y no otra es la verdadera causa de la mala situación financiera actual de AENA y ahora algunos se empeñan en presentar como culpables de esa situación financiera a los controladores, cosa absolutamente falsa".

Tras tildar de "inconstitucional" muchos de los apartados del Real Decreto, que ha sido denunciado ante los tribunales, los controladores acusan al Gobierno de emplear esa norma como base para aprobar un proyecto de ley clave "sin debate y con un gran secretismo".

Pone en riesgo la seguridad

"En estos últimos meses hemos soportado todo tipo de comentarios insidiosos y malintencionados, pero no es posible silenciar por más tiempo la violación sistemática de las regulaciones establecidas en la normativa internacional para garantizar la seguridad del transporte aéreo, que vulnera Aena", indican los controladores.

Así, denuncian que la norma establece "la acumulación de horas de servicio sin los descansos legales", obliga "de forma indiscriminada a trabajar 28 de 31 días aplicando un descanso mensual máximo continuado de 31 horas". Además, vulnera la normativa de seguridad "al adoptar la decisión cuando el tráfico se acerca al máximo y el viento impone un determinado sentido de las operaciones de aterrizaje y despegue como se hizo el pasado 7 de febrero, poniendo en grave riesgo a las aeronaves; lo hace cuando establece que una persona sin los suficientes conocimientos sobre el control aéreo obligue a trabajadores de nuestro colectivo a tomar decisiones técnicas que afectan a la seguridad; y así un largo etcétera", advierte.

Vulnera legislación laboral

Por último, tras desmontar uno por uno todos los argumentos de Blanco respecto a la productividad y salario de los controladores, el colectivo denuncia que la norma vulnera derechos laborales. "Esta Ley que van a aprobar sus señorías en Pleno el próximo día 14 concede carta de naturaleza a la mayor incautación de derechos laborales legítimamente obtenidos y plasmados en un convenio firmado por las partes en 1999 y en pleno proceso negociador", según el texto.

"El colectivo de controladores aéreos se ha sentido impotente y frustrado ante una situación de urgencia inexplicable que no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica [el recorte de condiciones laborales], mucho más cuando no ha existido ninguna situación de huelga, ninguna excepcionalidad que justifique el ejercicio urgente de un castigo tan excesivo y desproporcionado contra un colectivo de trabajadores, a los que no se ha escuchado ni se les ha otorgado posibilidad de defensa alguna", concluye.