Así consta en una de las enmiendas incluidas por el partido en el Gobierno al proyecto de ley que va a cambiar las condiciones de trabajo de este colectivo.
Otra de las modificaciones incluidas por los socialistas suspende el derecho a la licencia especial retribuida a la que actualmente se podían acoger los controladores a los 52 años.
Dicha licencia especial quedará suspendida hasta que se apruebe un nuevo convenio, y si en tres años no se alcanza quedará suprimida definitivamente.
Los socialistas pretenden que los controladores aéreos ejerzan la gestión del tráfico hasta los 57 años -conforme a la media habitual en la UE- y si no se les da otra función pueden pasar a la "reserva activa" hasta que se jubilen a los 65 años. Los términos de la 'reserva activa' deberán decidirse mediante negociación colectiva.
Precisamente, otra de las enmiendas del PSOE señala que la negociación colectiva para estos trabajadores deberá partir del convenio de 1999, y las retribuciones desde entonces se actualizarán aplicando los aumentos que se establecieron para el personal al servicio del sector público en cada Presupuesto estatal.
Socialistas y populares estuvieron negociando hasta el último minuto -el plazo de registro de enmiendas concluyó a las ocho de la tarde- pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo para modificar el texto presentado por el Gobierno.
Según explicó el portavoz del PP en la Comisión de Fomento, Andrés Ayala, el acuerdo no fue posible porque su partido cree que "no se debe externalizar ni privatizar servicios como éste" y planteó a los socialistas "otras soluciones" para solventar el problema de los controladores aéreos y su coste, que el grupo mayoritario, dijo, no aceptó.
En las enmiendas del PP se reclama, entre otras cuestiones, que "no se confíe" el control aéreo a empresas externas "que en este momento no existen en España" y que AENA establezca unas categorías laborales de acuerdo con los servicios a prestar y con una retribución adecuada.
Ayala admitió que el sistema actual de control aeroportuario "no podía funcionar", pero no sólo por cuestiones como el régimen retributivo de estos profesionales, que debe adaptarse "a los tiempos que corremos", sino también por la "dejación de funciones de AENA", que "tiene que asumir sus competencias".
CiU ha presentado trece enmiendas para "equilibrar un poco los derechos de todo el mundo y no quitarles todos los derechos a los controladores", según fuentes de este partido.
El grupo catalán busca así un término medio con enmiendas referidas a la jornada laboral y las horas extraordinarias, así como a la suspensión de la licencia especial de retribuciones.
El real decreto ley pretende cortar de raíz las horas extraordinarias mediante el establecimiento de una jornada laboral que pasa de 1.200 a 1.750 horas anuales por profesional (incluidos los tiempos de descanso).
Con la nueva regulación, las horas extras, que se pagaban hasta ahora casi al triple, serán como máximo 80 al año frente a las 600 anteriores. CiU propone que la jornada laboral se reduzca a 1.670 horas y que las 80 restantes sean extraordinarias.
El grupo catalán también pide subrogar a los controladores de una torre de control en caso de que ésta pase a ser gestionada por un proveedor privado.
La tercera enmienda importante del grupo catalán hace referencia a la eliminación de la posibilidad de acceder a la prejubilación a los 52 años con el 100% de su sueldo, derecho que fijaba el primer convenio colectivo de los controladores.
CiU propone que la nueva edad de prejubilación se establezca mediante la negociación del nuevo convenio y que ésta no supere en ningún caso los 57 años de media de la UE.
El PNV, por su parte, presentó dieciocho enmiendas al proyecto de ley, entre ellas una sobre la propia razón de ser -la exposición de motivos- de esta norma que criticó duramente durante el primer debate sobre esta norma, antes decreto-ley, en el que criticó la "lamentable" gestión AENA por recurrir al Congreso para resolver el problema.
IU-ICV presentó una quincena de enmiendas destinadas a adaptar el texto presentado por el Gobierno a la legislación internacional y también a "evitar de forma decidida" la apertura que se hace desde el proyecto de ley "hacia posibles opciones privatizadoras de un servicio tan importante como éste".