Estos acusados de los atentados del 2001 contra Washington y Nueva York, que se encuentran presos en la base naval estadounidenses de Guantánamo (Cuba), son Jalid Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los ataques, y a Walid bin-Atash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi.
"Solicitaremos la pena de muerte", afirmó Holder en rueda de prensa, quien celebró el que los citados sospechosos vayan a tener que hacer finalmente "frente a la Justicia".
Holder anunció, además, que otros cinco sospechosos de terrorismo, incluido uno de los presuntos responsables del ataque en el 2000 contra el destructor estadounidense Cole, en Yemen, serán juzgados por comisiones militares.
En el caso de los cinco sospechosos que serán trasladados a Nueva York, el juicio se realizará cerca del lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas destruidas por los atentados de 2001. "Durante más de 200 años nuestra nación se ha apoyado en el cumplimiento fiel de la ley", dijo Holder, quien insistió en que eso volverá a ocurrir nuevamente en dos sistemas distintos, los tribunales federales y las comisiones militares que juzgarán a los citados 10 sospechosos.
Mohamed y los otros cuatro imputados en los atentados de 2001 se enfrentaban a cargos susceptibles de la pena capital ante una comisión militar en Guantánamo, serán juzgados ahora ante un tribunal federal. Esta decisión, sin embargo, no afectará a la gran mayoría de los 215 detenidos que permanecen en Guantánamo, según las fuentes consultadas por el Washington Post .
Responsables de la Administración Obama esperan que hasta 40 de estos detenidos sean juzgados finalmente bien por tribunales federales o comisiones militares. Entre estos últimos, según informa Reuters citando fuentes federales, figura el "cerebro" del atentado contra el buque de guerra "USS Cole" en Yemen en 2000, Abd al Rahim al Nashiri.
Mientras, unos 90 han recibido el visto bueno para ser repatriados o reubicados en un tercer país, según fuentes oficiales, lo que deja unos 75 que seguirán detenidos porque se les considera muy peligrosos para ser puestos en libertad pero no pueden ser juzgados por falta de pruebas y por los límites en el uso de material clasificado.