El Congreso de Honduras celebrará este martes una reunión para analizar el acuerdo mediante el cual se confía en resolver la crisis política que vive el país centroamericano. El presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, ha recordado que "nadie le puede poner plazos al organismo legislativo" y que, por tanto, no caben presiones como la que ha estado ejerciendo Manuel Zelaya y sus seguidores en las últimas horas.
Además, se espera la llegada de los verificadores internacionales del Acuerdo Tegucigalpa-San José en medio de fuertes discrepancias entre el presidente depuesto, Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, sobre la interpretación del pacto en lo referente a la restitución de aquél. Al ex presidente chileno Ricardo Lagos y a la ministra de Trabajo de EEUU, Hilda Solís, nombrados por la OEA para conformar una Comisión de Verificación les espera una ardua labor, con las dos partes enzarzadas en una discusión sobre los plazos y qué pasaría si el Congreso no restaura a Zelaya.
Sin embargo, el actual Gobierno asegura que Zelaya está obligado a aceptar la decisión del Parlamento, incluso si es que no vuelva a la presidencia. "Todos aceptamos que es vinculante sea cual sea la decisión" del Legislativo, aseguró Arturo Corrales, miembro de la comisión de Micheletti y representante de éste en la Comisión de Verificación. "El consenso de ambas comisiones fue que lo que el Congreso decida lo respetamos las partes, las comisiones (de Micheletti y Zelaya) y los protagonistas de este acuerdo, y asimismo, la comunidad internacional", añadió Vilma Morales, portavoz de la delegación de Micheletti.
El representante de Zelaya en la Comisión de Verificación, Jorge Reina, dijo a medios locales que no quiere pronunciarse sobre qué consecuencias tendría una votación del Congreso en contra de la restitución "porque es tan grave lo que hay enfrente que la especulación puede alimentar (más) gravedad".
El acuerdo alcanzado el pasado viernes por ambas partes establece que el Congreso debe decidir sobre la restitución en consulta con otras instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la comisión de Micheletti reconocieron que el Gobierno de reconciliación debe ser acordado entre ambas partes, pero aseguraron que el acuerdo sólo establece que para el jueves deben estar elegidos sus ministros y viceministros, no el que lo dirigirá.