En su comunicación al TSJCV, los socialistas apuntan varias líneas en las que basarán el recurso al Supremo, entre ellas consideran que el auto de la sala supone una "infracción de ley" al realizar una interpretación "distinta" del artículo 426 del Código Penal, que tipifica el cohecho impropio y que señala que la autoridad o funcionario público "que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
El PSPV argumenta que la interpretación realizada por los magistrados José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, es distinta de la que hizo la propia sala el pasado 21 de abril por la que se declaró competente para asumir las investigaciones del caso en aquellos hechos atribuidos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex conseller y ex vicepresidente Viítor Campos y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, y acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho".
Además, los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular en esta causa, afirman que la resolución de sobreseimiento "vulnera" los artículos 9.3 de la Constitución, que prohibe la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el 24 porque consideran que se ha "vulnerado" el derecho a la tutela judicial efectiva y a un procedimiento judicial con todas las garantías, lo que les ha provocado "indefensión", según informaron fuentes del PSPV a Europa Press.
Ahora el TSJCV deberá remitir a partir de septiembre el anuncio de recurso del PSPV y aquellos otros que pudieran presentarse, junto con toda la documentación de la causa, al Tribunal Supremo, que la tramitará y marcará el plazo para formalizar los recursos, explicaron las mismas fuentes.
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, anunció ayer la interposición de este recurso porque señaló que el TSJCV, en su resolución, "dice que los hechos (atribuidos a Camps y a los otros tres imputados) son racionales y la realidad de los hechos no se cuestionan, son los que son".
Por su parte, el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, calculó que el TS podría resolver el recurso anunciado en ocho o nueve meses y consideró que "sólo se puede archivar la causa en el supuesto de tener una certeza absoluta de que no hay delito, si hay la más mínima duda hay que continuar con la causa".