(Libertad Digital) Este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegirá en Pleno al nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Hasta el momento, el favorito para alzarse con la plaza es el magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Ángel Juanes. En su edición de este martes el diario El País revela “los exámenes” a los que tuvieron que someterse los candidatos.
Compiten por el puesto la terna de aspirantes aprobada por su Comisión de Calificación (compuesta por Juanes; la magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Elisa Veiga, y el presidente en funciones de ese tribunal, Carlos Lesmes) y dos nuevos candidatos que fueron elegidos a petición de los vocales a título propio: el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, e Ignacio Espinosa, presidente del Tribunal Superior de la Justicia de La Rioja. El gran excluido ha sido el juez estrella, Baltasar Garzón.
El favorito, en contra de las filtraciones
El candidato con más posibilidades de convertirse en presidente, Ángel Juanes, buena parte de su intervención en la política informativa de la Audiencia Nacional, evitando las filtraciones "que tanto daño hacen a la imagen de la justicia y que producen perjuicios irreparables hacia las personas que aparecen reflejadas".
Además, el magistrado del Supremo también hizo referencia al polémico caso Mari Luz durante su intervención. Juanes se refirió también de forma amplia al problema del incumplimiento de las ejecutorias de las sentencias, que "preocupan no sólo al Consejo sino también a la sociedad (...) no solamente por los sucesos acaecidos, sino porque responde a un proyecto vital de entendimiento de la justicia".
Garzón no pasa el examen
El juez estrella apostó en su intervención por una doble revolución "organizativa e informática". Garzón estima necesaria la especialización no sólo del personal, sino del organigrama del tribunal, según informa el diario de Prisa.
Para ello, el polémico magistrado crearía tres nuevos juzgados centrales de instrucción y tres nuevas secciones de la Sala de lo Penal. Así, tres de los nueve juzgados se dedicarían sólo a temas de terrorismo y justicia universal, otros tres sólo llevarían casos relacionados con la criminalidad organizada, mientras que los tres restantes se especializarían en delitos económicos y crímenes cometidos en el extranjero.
Esta nueva estructura ayudaría, según el magistrado, a acabar con los retrasos, "inaceptables en muchos casos", que provoca la complejidad de los asuntos, y que no sólo afecta a jueces, magistrados y fiscales, sino también "a todos los que participan en la investigación de los delitos".