La UDEF investiga al marido de la directora de la Guardia Civil por cobrar de la Junta 123.000 euros en año y medio

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre Juan Carlos Martínez, marido de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por los negocios que mantuvo con empresas que recibieron ayudas e ingresos por parte de la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE.

Esta investigación está vinculada al denominado caso Santana Motor, un escándalo más de los gobierno socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Cuenta el diario ABC que entre enero de 2010 y junio de 2011, Juan Carlos Martínez habría cobrado 123.786, 47 euros de la Junta de Andalucía al ser contratado com asesor en varias empresas de la administración socialista.

Dos de esas empresas fueron extinguidas y absorbidas por otras sociedades tiempo después. El marido de la actual directora de la Guardia Civil asesoró en ese tiempo a Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L.U. (Incuba), la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea) y Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L.U. (Fagia).

El diario de Vocento destaca que el 29 de julio de 2021, la agencia IDEA envió a la UDEF un informe que explicaba la relación de Juan Carlos Martínez con la Junta de Andalucía en esos últimos años de Chaves y Griñán en Andalucía y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En enero de 2010 el marido de María Gámez acababa de cesar como director de Gabinete de Gaspar Zarrías, hombre fuerte del PSOE en la provincia de Jaén y, en aquella época, secretario de Estado de Cooperación Territorial. Previamente Juan Carlos Martínez había estado asesorando al exministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, y al exconsejero de la Junta Francisco Vallejo. Zarrías y Martínez habían aterrizado en el ministerio de Política Territorial junto a Manuel Chaves a quién Rodríguez Zapatero había nombrado ministro del ramo en abril de 2009.

Tras su paso por la Secretaría de Estado de Gaspar Zarrías, Juan Carlos Martínez, enlazó su paso por tres empresas públicas de la Junta socialista en las que en ninguna llegó a pasar más de seis meses: en Incuba fue contratado como subdirector por 65.000 euros brutos anuales de los que cobró 30.512,27 por su labor entre el 19 de enero y el 4 de julio de 2010. Al día siguiente fichó por Sopera hasta el 4 de diciembre de ese mismo año. La Agencia IDEA destaca que la retribución en ese puesto era de "61.750,00 euros/bruto anual". Tres días después del trabajo en Sopera por cinco meses, el 7 de diciembre de 2010, Juan Carlos Martínez fue contratado por otra entidad pública de la Junta de Andalucía, Fagia, como "profesional de apoyo a la administración" donde cobró 31.524 euros hasta que cesó el 5 de julio de 2011.

Explica ABC que todas estas empresas públicas que contrataron a Juan Carlos Martínez como asesor "se interponen unas sobre otras a modo de capas de cebolla". Incide el diario de Vocento que Incuba pertenece a la Agencia IDEA y que en octubre de 2013 absorbió a Fagia y ésta fue extinguida y absorbida por Soprea.

El hermano del marido de la directora de la Guardia Civil, Bienvenido Martínez, administraba en noviembre de 2009 la sociedad Experience Management Group S.L. que fue subcontratada por Fagia. La operación se llevó a cabo "un día después de que éste dejara su puesto como directivo de la Agencia IDEA".

La UDEF advierte en el atestado que está en poder del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el encargado de la investigación sobre los negocios de las empresas de Juan Carlos Martínez y sus hermanos Bienvenido y Manuel, que obtuvieron "un enriquecimiento aparentemente injusto". ABC también destaca el abono a Bienvenido Martínez de 280.974 euros por gestionar de manera "absolutamente fraudulentas" el Centro de Negocios que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta abrió en Madrid.

Vinculación con Santana Motor

Las sospechas sobre el hermano del marido de la directora de la Guardia Civil, Bienvenido Martínez, llegan hasta la época en la que fue presidente de Santa Motor entre marzo de 2010 y julio de 2011. ABC destaca que la UDEF se ha topado con "una tupida madeja" de dinero público en la fabrica de automóviles linarense que el gobierno de la Junta de Andalucía tomó el control en 1995.