El dictamen de la Faffe: gastos en clubes de alterne como 'relaciones públicas' y culpa de Chaves, Griñán y Montero

Tres años después del comienzo de la comisión en el Parlamento de Andalucía que investiga la corrupción en torno a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que dependía de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE ya hay un dictamen de carácter provisional que se ha dado a conocer a los cinco grupos políticos.

Enrique Moreno, representante de Ciudadanos y presidente del equipo de trabajo que ha coordinado la comparencia de 60 personas durante estos años, ha remitido el texto para que los partidos que componen la Cámara andaluza presenten enmiendas en los próximos quince días antes de que se lleve al Pleno del Parlamento a finales de abril.

Entre las conclusiones que se extraen del dictamen, y que recoge el diario ABC, se señala que el director general de la Faffe, Fernando Villén Rueda, hizo desembolsos de dinero público para juergas en clubes de alterne y que fueron imputadas a la entidad como Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas. Estos pagos fueron de un total de 32.000 euros repartidos en dos tarjetas de crédito.

Entre el 20 de octubre de 2004 y el 23 de marzo de 2010, Villén hizo 43 pagos en días diferentes en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. Recuerda el diario de Vocento que el máximo responsable de la Faffe fue secretario de Empleo del PSOE andaluz cuando Manuel Chaves era secretario general.

El ex alto cargo socialista se enfrenta a una petición de seis años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas en las tarjetas de la Faffe. Esta entidad vinculada a Junta durante las legislaturas de los expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán dispuso de un presupuesto en los ocho años que duró de 828 millones de euros en los que se gastaron 10.726.755,80 euros en Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas, las partidas bajo la que estaban los pagos en los prostíbulos.

Esta "cantidad exorbitante", según se advierte en el dictamen provisional, tenía que haberse dedicado en formar a los parados andaluces pero gran parte de ese dinero público se desvió para otras partidas y todo bajo el control del PSOE andaluz. En el juicio el ex alto cargo socialista aseguró que los 43 pagos con la tarjeta de la Faffe fueron una "confusión" con su tarjeta personal y que cuando se percató repuso el dinero. Unas declaraciones que no son creíbles para la Guardia Civil que cree que la entidad contaba con una "contabilidad paralela".

Chaves, Griñán y la ministra Montero: responsables

El dictamen ha determinado que "la Fundación Faffe fue una herramienta para el desvío de dinero público" por lo que "nunca debió existir", recoge el diario El Mundo. Las irregularidades dentro de la entidad "no fueron puntuales, sino consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado".

En este sentido, el dictamen indica que se pagaron facturas con "conceptos falsos" y su contabilidad fue "opaca". También advierte que sus responsables disponían del dinero de manera irregular y hacían un "ejercicio sistemático de trilerismo malversador".

También destaca la responsabilidad de los expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán y Manuel Chaves por "el caos organizativo al que sumieron la Administración". También señala que la ministra María Jesús Monrero, consejera andaluza de Hacienda entre 2013 y 2018; el consejero que la sustituyó cuando entró en el Gobierno de Pedro Sánchez, Antonio Ramírez de Arellano, y el exconsejero de Empleo, Javier Carnero, participaron en la "estrategia de la omertá sobre las irregularidades de los gobiernos socialistas anteriores". Les responsabilizan "por su falta de colaboración con la comisión de investigación".

Sobre la expresidenta socialista andaluza, Susana Díaz, el dictamen la excluye de la culpabilidad pero el PP advierte que "no colaboró" con la Justicia cuando se requirió documentación ni tramitó la devolución de las ayudas que no fueron bien empleadas, o la contratación de familiares y amigos de dirigentes socialistas como la supuesta contratación de Carmen Ibanco, la mujer del actual líder del PSOE-A, Juan Espadas.