La sombra de la corrupción sigue al principal partido de la oposición en Andalucía después de los interminables casos de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y las distintas causas en las que fueron despiezados por la Justicia. La gestión del PSOE durante sus gobiernos en la Junta de Andalucía continúa estando en entredicho más de tres años después de la llegada de PP y Cs.
El nuevo frente que se le abre al candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, está relacionado con un supuesto desvío de fondos europeos para zonas regables. El foco de la Justicia se ha centrado en el que fue director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía y actual diputado autonómico del PSOE en el Parlamento Andaluz, José Luis Sánchez Teruel.
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha ordenado investigar a Sánchez Teruel por un presunto desvío de aproximadamente 40 millones de euros de fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir. El diputado autonómico por Almería está aforado, destaca Europa Press.
En el auto, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas recuerda que las actuaciones judiciales giran en torno a una resolución dictada por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria el 13 de octubre de 2004, "en la cuál se aprobaba el proyecto de modernización interesado por la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir y en el que se concedía una subvención de 40.119.944 euros, con un presupuesto de inversión subvencionable aceptado y con un plazo de ejecución de obras de 42 meses".
El juez señala que esta investigación contra José Luis Sánchez Teruel profundiza en el posible "incumplimiento de los requisitos de la subvención resuelta por la autoridad administrativa, la posible irregularidad en la adjudicación de obras, las posibles irregularidades en sucesivas certificaciones de obras y el fin del dinero público destinado a obras de modernización en territorios del Bajo Guadalquivir interesada por la Comunidad de Regantes".
También ha determinado que "como consecuencia de las funciones de su cargo podría, en su caso, ya sea por acción u omisión, haber tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos de investigación y por tanto, procede su constitución en la causa como parte investigada". Tal extremo fue expresamente solicitado por el PP andaluz como acusación popular y la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir como acusación particular.
Posible prevaricación y malversación
El juez Gutiérrez Casillas ha expuesto que Sánchez Teruel, en su condición de aforado, debe ser citado para que "tenga acceso al contenido íntegro de lo instruido, pueda instruirse debidamente con la asistencia jurídica letrada de lo actuado hasta el momento y pueda ejercer derecho de defensa interesando la práctica de las diligencias que estime oportunas, incluso declaración voluntaria en este juzgado, en orden al esclarecimiento de los hechos y de su posible responsabilidad o no en los mismos".
Los posibles delitos a los que se enfrenta el político socialista son de prevaricación y de malversación, "así como otros delitos de falsedad, negociación prohibida a los funcionarios públicos o tráfico de influencias".