En pleno baile de máscaras sobre los Presupuestos, a los que tanto PSOE como Vox dicen públicamente que se opondrán por diferentes razones, ayer en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).
La llamada, por abreviar, Ley del Suelo, contó con la aprobación del dictamen por PP, Ciudadanos y Vox, con reservas, y logró además con la abstención del PSOE del flamante secretario general Juan Espadas. Esto quiere decir que el proyecto de Ley pasará al debate del Pleno del Parlamento andaluz y podrá ser aprobada con las enmiendas que salgan adelante.
Hace casi año y medio que el Consejo de Gobierno de la Junta, en su reunión del 7 de mayo de 2019, decidió "revisar el marco normativo vigente en la Comunidad Autónoma en materia urbanismo, acogiendo con ello una demanda generalizada de los agentes implicados en la ordenación territorial y en la actividad urbanística", por haberse encontrado con un considerable caos como herencia del PSOE.
El 14 de mayo de 2020 se dio vía libre al Anteproyecto de Ley que, además de regular la ordenación y la actividad territorial y urbanística, lo que podría resolver numerosos problemas municipales que taponan el desarrollo en toda Andalucía, introducía elementos liberalizadores.
Por poner algunos ejemplos, se daba carta legal de naturaleza a la colaboración público-privada en la ejecución de la futura Ley, algo que acaba de subrayar de nuevo el actual Consejero de Economía, Rogelio Delgado. Frente al galimatías jurídico y administrativo anterior, se trata de aportar sencillez, coherencia con las leyes nacionales y ofrecer la necesaria seguridad jurídica a los actores económicos del sector.
Muy especialmente, el proyecto de Ley trataba de "simplificar el contenido y el procedimiento de tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística garantizando en su proceso de elaboración la participación ciudadana, la transparencia, la coordinación de las administraciones y la reducción del plazo necesario para su aprobación".
También quería "simplificar la intervención administrativa conforme al principio de proporcionalidad, incorporando las figuras de la declaración responsable y la comunicación previa, el control "a posteriori" de los actos y usos del suelo de modo que no se paralicen las iniciativas y dar salida a la "legalización" de los "procesos de transformación irregulares", sobre todo, las viviendas ilegales existentes en Andalucía que tuvieron un "auge imparable" en los últimos veinte años, desde el año 1998.
En ese año, según los estudios de la Junta, había 23.311 viviendas irregulares y en 2020, tal número se había multiplicado por 15, situándose en torno a las 300.000 viviendas ilegales con uso residencial en su mayoría.
Vox ha justificado su decisión de no entorpecer el Proyecto en un ejercicio de responsabilidad para no cerrar la puerta a un texto que, aunque es mejorable, no se merece el rechazo absoluto. Ya anuncian que mantienen sus enmiendas al texto, pero ya en Pleno con una aprobación probable de la mayoría de sus contenidos.
El diputado de Vox Alejandro Hernández ha afirmado que su partido sigue demostrando que "nunca va a anteponer los intereses del partido al bien común", sino que trabaja "con la responsabilidad a la que nos obligan nuestros votantes". Además, en la ley se incluyen una liberalización de suelo edificable, lo que evitará "la especulación, la carestía y el fraude" y una notable simplificación administrativa.
Sin embargo, cree Vox que el proyecto cierra en falso el "problema de las 300.000 viviendas irregulares sobre las que ha prescrito cualquier tipo de acción y para las que la LISTA no aporta una solución definitiva, contrariamente a lo que nosotros proponemos".
El nuevo jefe del socialismo andaluz, Juan Espadas, justifica su abstención en su voluntad de n bloquear la acción del gobierno y en que el PP se ha avenido a negociar en mayor medida que en el proyecto de Ley de Presupuestos. De hecho, ha logrado que se aprueben 32 enmiendas de las 50 que presentó si bien se opone a la construcción descontrolada de viviendas en suelo rústico.
Esto presenta un panorama muy extraño porque podría aprobarse la Ley del Suelo al mismo tiempo que se rechazan los Presupuestos para 2022 que le darían viabilidad real. Dicho con mayor claridad, el proyecto de ley estrella de la legislatura, que es esta Ley del Suelo, no podría estar operativa ya en 2022. En ese caso, sólo las nuevas elecciones generales anticipadas podrían dar carta de naturaleza a un proyecto así.
Tras esta faena de aliño, el PP y Ciudadanos aspiran a que la legislatura se agote lo más posible porque al final los presupuestos, como la Ley del Suelo, serán desbloqueados y podrán aprobarse. Queda por saber en esta hipótesis si será el PSOE el aliado principal de la Junta o Vox.
Es indudable que el PSOE, envuelto aún en un magma congresual y de conflictos internos territoriales, necesita que las elecciones andaluzas no se anticipen porque van a tener muy pocas oportunidades de victoria, aunque en público sacan pecho afirmando que están preparados.
Pero igualmente es muy creíble que Vox, beneficiado de forma inesperada por el desgaste del PP a nivel nacional, opte por no acentuar su oposición en Andalucía si logra algunos avances sustanciales en la aceptación de sus políticas por parte de Juan Manuel Moreno.