Más condenas en el caso Invercaria y 16 imputados en el caso Aznalcóllar: la corrupción socialista andaluza arrecia

Una década larga después de las primeras denuncias realizadas por el ingeniero industrial y experto en finanzas Cristóbal Cantos, y después de una persecución judicial instigada por algunos altos cargos a los que denunció, lo que llevó incluso a su detención, ayer fue absuelto del último ocaso en el que estaba implicado en Invercaria. También fue absuelto Juan María González, sobrino de Felipe González, por las mismas razones que Cantos.

De este modo, y por una vez, un denunciante de la corrupción socialista ha ganado su batalla al aparato socialista que operaba en la Junta y el PSOE, de nuevo, queda en entredicho. Por si fuera poco, en el caso Aznalcóllar se procedió ayer a la imputación de 16 personas, dos de ellas altos cargos del PSOE. Uno, el ex presidente de la SEPI propuesto por Pedro Sánchez, Vicente Fernández. La otra, la ex viceconsejera y ex directora general de Minas, María José Asensio.

Todo ello tiene lugar la víspera del Congreso andaluz del PSOE que se celebra en Torremolinos a partir de mañana y que tiene por finalidad principal dotar al partido de una nueva dirección política, ya afín al sanchismo, y a la demolición controlada de los restos del susanismo.

En el juicio de Invercaria, tanto Cantos como González estuvieron acusados de haberse beneficiado de privilegios económicos, tanto en salarios como en préstamos, pero finalmente ha quedado en evidencia que los responsable de todas aquellas medidas, que incluían subidas de sueldo propias y a amigos, eran Tomás Pérez-Sauquillo y su amigo, Antonio Nieto Garrido. El ex presidente condenado pasó de percibir 108.000 euros anuales, mucho más que el presidente de la Junta, a obrar más de 150.000.

Nieto Garrido, que sólo contaba con estudios de Bachillerato, fue nombrado nada menos que director financiero de Invercaria y llegó a manejar 60 millones de euros en ayudas a empresas. Obtuvo el puesto por ser amigo del hermano del presidente de la entidad pública, Pérez-Sauquillo. Pasó de cobrar 26.000 euros brutos anuales a disfrutar de un sueldo de 106.000 euros en el año 2009.

El tribunal de la Audiencia de Sevilla los ha condenado por haberse probado que ambos aumentaron de forma ilegal salarios y retribuciones, las propias entre ellos. Hubo algunos beneficiados por tales despropósitos, pero el tribunal deja claro que no fue consecuencia de acciones propias, sino de los dos condenados.

Destaca El Mundo que entre los beneficiados estaba Auxiliadora Bello, antigua secretaria personal de Manuel Chaves, que pasó a ser secretaria de dirección con Pérez-Sauquillo en Invercaria. De 2006 a 2010, pasó de cobrar 30.000 euros al año a percibir más de 46.000, una subida superior al 50 por ciento.

La condena ha sido de dos años y tres meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para el ex presidente mencionado y de un año, un mes y quince días de prisión más dos años de inhabilitación para Nieto por un delito continuado de malversación, como cooperador necesario, y con la misma atenuante de las dilaciones.

Queda ahora un cuarto juicio pendiente, que se está celebrando, tras el caso de Aceitunas Tatis, que conllevó condenas, y el de la diseñadora Juana Martín, que resultó absuelta. El caso Fumapa, una empresa de La Carolina que recibió 300.000 euros de Invercaria estando ya en crisis irreversible, está en plena vista y en él está imputado el que fue alcalde de la ciudad jiennense y luego consejero del gobierno Chaves, Francisco Vallejo, ya fue condenado en el caso ERE.

A juicio 16 acusados del Caso Aznalcóllar

Tras una extraña instrucción, que ha conllevado varios sobreseimientos anulados por la Audiencia de Sevilla, el procedimiento ha concluido con la convicción judicial de que la adjudicación de la mina a uno de los grupos que aspiraban a su explotación ha sido irregular conllevando delitos como tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude y negociación ilegal.

La misma juez, Patricia Fernández, que ahora manda a juicio a los 16 investigados, fue quien trató de archivar las diligencias en dos ocasiones, siendo desautorizada por la Audiencia de Sevilla que veía "evidente y ello no se discute", que Grupo México, como ganador del concurso, "no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles" para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, "lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública".

Ahora, la juez ha acordado impulsar la apertura de juicio oral contra los ex altos cargos del gobierno de Susana Díaz que impulsaron el concurso de apertura de la mina en plena campaña electoral de las elecciones andaluzas de 2015. También se acusa a los funcionarios que lo instrumentaron para que el resultado fuese el que fue, y contra los empresarios a los que se adjudicó el concurso.

Recuérdese que, en aquel tiempo, Ciudadanos sostenía al gobierno de Susana Diaz y que su líder en Andalucía, Juan Marín, ahora vicepresidente de la Junta con el gobierno de Juan Manuel Moreno, del PP, dijo no ver corrupción política en el caso Aznalcóllar porque todo se "ajusta a Derecho". Begoña Villacís, de Ciudadanos Madrid, le afeó su conducta.

Entre los acusados está el ya ex presidente de la SEPI nombrado por Pedro Sánchez, Vicente Fernández, y la ex viceconsejera y ex directora general de Minas, María José Asensio, que vienen así a nublar el congreso socialista que entronizará a Juan Espadas en la secretaría general del PSOE andaluz.

El caso deriva de un enfrentamiento de dos clanes ligados al PSOE andaluz. De un lado, el grupo Magtel, de los hermanos López Magdaleno. Ambos representaban a la empresa Magtel que, a través de la empresa Minorbis, ganó el concurso del que finalmente cedió los derechos al Grupo México y su filial, Minera Los Frailes. Sus buenas relaciones con el PSOE se advirtieron, entre otras cosas, por la concesión de 14 millones en subvenciones y contratos en sólo 5 años.

Por otro lado, estaba el grupo Emérita Resource, competidor en el concurso, en el que participaba el dueño de El Correo de Andalucía, periódico tradicionalmente ligado al PSOE desde que salió de manos de la Iglesia en la década de los 80. Fue este grupo quien denunció que México-Minorbis y la Junta tenían relaciones privilegiadas y había habido, por lo tanto, tráfico de influencias. En su denuncia, ahora triunfante, ya advertía que en Magtel (filial de la vencedora del concurso, Minorbis) "trabajan destacados miembros del PSOE, así como altos cargos y directivos de la Consejería de Industria".

Emérita Resources, en su calidad de acusación particular, pide hasta 348 años de cárcel para los 16 investigados. Vicente Fernández, ex secretario general de Industria, ex interventor de la Junta de Andalucía y ex presidente de la SEPI en el actual gobierno de Pedro Sánchez, se enfrenta a una petición de pena de 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y una multa de dos millones de euros por unos hechos que no reconoce haber perpetrado. Andalucía Minning le pide cuatro años y nueve meses de cárcel y Ecologistas en Acción, 16 años.

Para la ex viceconsejera María José Asensio se piden cuatro años y nueve meses, 16 años o 19 años de cárcel, según las acusaciones de que se trate, hasta 60 años de inhabilitación y multa de dos millones de euros.