Un juicio de Invercaria revela el uso que el PSOE hizo del dinero andaluz y el papel del sobrino de Felipe González

Mientras Andalucía queda libre, casi toda ella, de restricciones y medidas preventivas contra la pandemia de covid-19, el espectáculo de la corrupción socialista sigue y sigue en los tribunales de Sevilla, donde se ha juzgado una pieza escandalosa de Invercaria, y en el Tribunal Supremo, que dos años después aun no ha confirmado la sentencia condenatoria de los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y 17 ex altos cargos de sus gobiernos.

Toda la prensa andaluza se hace eco del fin del juicio sobre una pieza de Invercaria en la que uno de los acusados es, nada menos, que sobrino de Felipe González, Juan Manuel González Mejías, encausado junto a los dos máximos responsables de la empresa pública, Tomás Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto y un técnico de la entidad, Cristóbal Cantos, que fue precisamente quien denunció el caso en origen y al que la acusación popular no acusa.

Durante el juicio, ha podido demostrarse que, según resume El Mundo, altos cargos actuaban como "mochileros", esto es, que no trabajaban en Invercaria, aunque esta empresa era quien les pagaba la nómina. Además, hubo sueldos que se multiplicaron por cuatro en muy poco tiempo, finiquitos suculentos con el que algunos directivos fueron despedidos y elevados pluses salariales, además de comprobarse la concesión de préstamos no devueltos.

Por ejemplo, Juan Manuel González estuvo cobrando de Invercaria a pesar de que no trabajaba en esta empresa sino en otro chiringuito de la administración paralela de la Junta llamado Observatorio para la Innovación. Lo curioso es que González no viera en ello ilegalidad alguna.

Precisamente el sobrino de Felipe González fue uno de los altos cargos que, durante un tiempo, estuvo cobrando de Invercaria, a pesar de que no trabajaba en esta empresa pública, sino en el Observatorio para la Innovación, también de la Junta. Según explicó en el juicio, "absolutamente nadie" le planteó ninguna "duda de legalidad" respecto a que prestase sus servicios en el Observatorio, pero cobrase de Invercaria.

A pesar de todo, Invercaria le concedió un préstamo de 30.000 euros, un dinero que no se devolvió cuando González dejó la empresa. Lo que sí se hizo fue una liquidación de su contrato laboral completamente ilegal en el que se incluyeron horas extras que al parecer nunca se realizaron. "No tenía intención de devolver el dinero", según la Fiscalía, pero al estallar el escándalo en la prensa se apresuró a devolverlo.

Los finiquitos de la suerte, apodado como de "los Reyes Magos" en el juicio y subidas de sueldo siderales (uno de los acusados pasó de cobrar 26.000 euros a cobrar 106.000 en sólo 4 años) no tenía siquiera la formación académica adecuada, pero eso si, era amigo personal del ex presidente de Invercaria, Tomas Pérez Sauquillo.

Sauquillo se subió el sueldo desde los 108.000 euros hasta un máximo de 152.000 euros en solo dos años, forma "grosera", según la Fiscalía, a lo que hay que añadir un complemento salarial de 3.000 euros mensuales (1.800 en el caso de Nieto).

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Pérez-Sauquillo y Nieto; y un año y once meses de prisión para González Mejías y un año y nueve meses para Cristóbal Cantos, que fue quien denunció el caso principal de Invercaria mediante unas escandalosas grabaciones y al que el PP, acusación popular en el caso, no acusa.

Los ERE, en el Supremo

La tardía decisión parece conducir a una sentencia definitiva por parte del Supremo que podría conocerse en 2022, más de dos años después del dictado de la sentencia por el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a todos los imputados de la cúpula de la Junta de Andalucía, al frente de los cuales estaban Manuel Chaves

Lo que ha ocurrido es que en una providencia, el Supremo ha acordado dar traslado de la causa al magistrado ponente, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, para su "estudio". La providencia se ha cursado muchos meses después que la Fiscalía, tras estudiar los recursos de las defensas, se opusiera a cambiar la sentencia del 19 de noviembre de 2019.

La Fiscalía sigue considerando que la concesión de ayudas sociolaborales desde la Junta y mediante el procedimiento de los ERE y " el fondo de reptiles", como se llamó al método utilizado, fue consecuencia de un plan preconcebido que estuvo funcionando diez años y que fue puesto en marcha, recoge Diario de Sevilla, como decisión "colectiva", "colegiada", y "compartida" de los gobiernos andaluces presididos por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de los demás ex altos cargos condenados.

Por ello, pide que se ratifique aquella sentencia que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta a diferentes e importantes penas. Griñán fue condenado a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo trasladó el informe de la Fiscalía a las defensas para que se opusieran y ahora ha trasladado por fin todas las actuaciones al magistrado ponente ya mencionado para que lo estudie todo y proponga una sentencia definitiva.

Naturalmente, el estudio de todo el procedimiento, sentencia, recursos e informes llevará seguramente varios meses por lo que no espera una decisión final del Supremo hasta bien entrado 2022, fecha que podría alargase aun más si se convoca una nueva vista para que expongan los recursos de casación, posibilidad que algunas defensas han subrayado.