Según las imágenes a que ha tenido acceso Libertad Digital, resulta evidente que el lugar donde se situaba la cafetería de la Ciudad de la Justicia de Málaga ha sido habilitado como almacén o archivo donde se han depositado los tomos del sumario del Caso Astapa y los miles de documentos que lo componen.
En el vídeo se muestra cómo se han organizado los documentos en diferentes estanterías y paneles que son visibles desde el exterior. En un cartel pegado a la puerta de entrada se dice:
"CASO ASTAPA. HORARIO PARA PROFESIONALES. DE 9 A 13,45 HORAS. LUNES-MARTES-MIÉRCOLES".
Del cartel cabe deducir que no hay otro modo de consultar esta documentación para los profesionales relacionados con el caso, seguramente la Fiscalía incluida, además de acusaciones particulares y abogados defensores, que acudiendo a estas improvisadas dependencias que dan una idea reveladora de la magnitud de un caso que ha pasado muy desapercibido en la política andaluza y nacional.
Puede apreciarse a simple vista a falta de medición precisa que hay alrededor de 12 metros lineales de estanterías en estado flamante, tal vez más, con unos 2 metros de altura y unos 0,5 metros de profundidad lo que constituye un espacio mínimo de 10 metros cúbicos que se destina a albergar la documentación del caso.
Naturalmente, es de suponer que todo este inusual archivo judicial estará debidamente vigilado para que no desaparezca documentación relevante, lo que no es nuevo en el caso. De hecho, hubo en 2009 una denuncia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Jesús Torres, comunicando al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la puerta de su despacho fue forzada en varias ocasiones.
Igualmente, el juez expuso sus sospechas sobre la presencia de desconocidos que habían tenido acceso a los documentos del procedimiento seguido contra la presunta corrupción acaecida en el Ayuntamiento de Estepona, aunque no se apreció pérdida ni deterioro de documentación.
Dado que Libertad Digital puede confirmar que los tomos del sumario del caso están digitalizados, cabe preguntarse por qué había de cerrar una cafetería y trasladarla de sitio cuando era posible digitalizar todos los documentos como se ha hecho en otros casos incluso más voluminosos como el caso del procedimiento específico o trama política del caso ERE.
El sumario del caso Astapa
El sumario del Caso Astapa contiene el resultado de la investigación realizada por el juzgado citado sobre la trama de corrupción puesta al descubierto en el Ayuntamiento de Estepona en 2007 por presuntos delitos de cohecho, fraude, negociación prohibida a funcionarios, malversación de caudales públicos v blanqueo de capitales, entre otras cosas.
En este caso, fueron dos concejales socialistas, David Valadez y Cristina Rodríguez, los que denunciaron a su partido, el PSOE, y a la UDEF de la Policía Nacional un entramado de corrupción de gran envergadura política y económica que había deshecho las cuentas públicas de Estepona, uno de los grandes municipios de la Costa del Sol.
Aún no se sabe a qué dirigentes socialistas informaron estos dos concejales que, según fuentes consultadas por LD, sufrieron posteriormente un "calvario" personal, familiar, profesional y de todo tipo. Lo que sí se recuerda es que todos los altos cargos del PSOE andaluz, a pesar de que el caso afectaba a muchas personas vinculadas al socialismo incluso nacional, negaron haber sido los "confesores" de Valadez y Rodríguez.
Tan absurda fue la situación que Manuel Chaves fue objeto de sátira por decir que no sabía nada de nada del caso. Libertad Digital publicó unos versos sarcásticos que comenzaban de este modo:
Manolo está esteponado.
¿Quién lo desesteponará?
El desesteponador
que lo desestepone
buen desesteponador será.
En ese sumario y sus documentos se ponía de manifiesto cómo el ex alcalde socialista Antonio Barrientos desde el 2003, siendo la cabeza visible del gobierno de Estepona, José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía de Estepona y Francisco Zamorano Vazquez, concejal de Hacienda entre otras personas manejaron el Ayuntamiento "en la sombra", para beneficiarse personalmente y financiar irregularmente tanto al Ayuntamiento como a los partidos políticos que formaban el gobierno en Estepona, PSOE y el Partido de Estepona (PES), de orientación gilista.
Para dar una pincelada sobre el caso, cabe recordar que en el sumario que se expone en la antigua cafetería se detalla cuál fue el modus operandi de los imputados que finalmente han sido 51 aunque el fiscal menciona a más de 80 en su relación
Existían tres cajas de contabilidad: A, B y C. En la caja A el dinero estaba fiscalizado por los habilitados nacionales de carrera y destinados a los fines previstos en la Ley. Aquí se incluían también las cantidades económicas que se fijaban en los convenios urbanísticos y que correspondían a las promotoras.
En la caja B constaba el dinero procedente de las "donaciones" que las promotoras realizaban al Ayuntamiento para afrontar determinados gastos y que se dedicaban también a la financiación ilegal del PSOE y del PES. Este dinero, como es obvio, no estaba fiscalizado en la mayoría de las ocasiones sino que se entregaba en cheques o incluso en metálico.
El sistema de financiación instalado en el Ayuntamiento de Estepona, en todas las áreas de ayudas para colectivos sociales, actos deportivos, eventos culturales, gastos ordinarios hacía que se pagara con "donaciones" provenientes de empresas con intereses urbanísticos en la localidad., según palabras del propio alcalde, a las que se "les aplica un impuesto revolucionario". En la caja C, directamente, se ingresaba el dinero destinado posteriormente a cuentas particulares.
En el sumario, aparecen nombres relevantes de la política nacional, periodistas y ex ministros y se constaba, como en el caso de Manilva, que el rosario de enchufados familiares y políticos en la localidad era escandaloso.
En el escrito final de acusación del fiscal se hace constar la presencia probada de delitos como la falsedad documental, el cohecho activo y pasivo, fraude y malversación entre otros que afectan a los 51 investigados de diferentes formas, lo que ha reducido de forma notable el número de imputados iniciales.
Por ejemplo, al ex alcalde Barrientos se le atribuyen "un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil de los artículos 390.4, 392 y 74.1 en concurso medial con un delito continuado de fraude y de malversación de los artículos 436, 432.1 y 2, y 74.1, del Código Penal.
Y se le piden por el delito continuado de falsedad, fraude y malversación seis años de prisión y quince de inhabilitación para cargo público; por el delito continuado de cohecho. cuatro años de prisión, diez de inhabilitación para cargo público y multa de un millón de euros; por el delito continuado de prevaricación, nueve años de inhabilitación para cargo público; y por el delito continuado de tráfico de influencias, nueve meses de prisión y cuatro años de inhabilitación.
Y quedan 50 imputados más.