Un total de 54 auditorías desvela las trampas de la "administración paralela" del PSOE en Andalucía

Un caos: es el resultado de las 54 auditorías realizadas sobre el oficialmente llamado "sector público instrumental" que ha dado en llamarse popularmente la "administración paralela", un conglomerado de entes, fundaciones, empresas y demás artefactos administrativos que crecieron durante los 36 años de gobiernos socialistas al margen de la Administración General de la Junta.

Ha recordado El Mundo que la publicidad del resultado de estas auditorías era uno de los puntos reclamados por Vox por haber formado parte de la investidura de enero de 2019. De hecho, han considerado "requisito indispensable" para seguir apoyando al gobierno de Juan Manuel Moreno.

El encargado de realizar la investigación fue, como resulta adecuado por su cargo, Juan Marín, que es Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Este martes presentó en el Consejo de Gobierno de la Junta el informe final sobre las 54 auditorías del sector público instrumental con el objetivo de racionalizar, suprimir y revisar entes innecesarios en la Junta de Andalucía.

Según la nota de la misma Consejería, sus resultados ponen de manifiesto "una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios, por lo que se va a abordar un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental para definir las estrategias con estas entidades".

Sin embargo, los 6.000 folios que las componen no han sido hechos públicos y se ha afirmado que se colgarán "en los próximos días" en la web de la Junta. O sea, sólo puede conocerse la información que ha suministrado Juan Marín. De ella se extrae que a finales de 2018, el coste del entramado rondaba los 3 000 millones de euros y que ese año las 92 entidades tenían 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

Estas auditorías que ahora ven la luz, aunque sea en parte, se prometieron nada más llegar al gobierno la coalición de PP y Ciudadanos con el concurso de Vox, pero han tardado más de dos años en consumarse, lo que ha provocado la perplejidad de numerosos ciudadanos que habían situado la reforma de la administración andaluza en los primeros lugares de los cambios urgentes a afrontar por el "gobierno del cambio".

Ahora ya se conocen los resultados oficiales pero está por ver si en esta legislatura o en lo que quede de ella, dadas las circunstancias políticas, el gobierno de PP y Cs considera prioritario afrontar su reforma o vuelve a postergarse su acometimiento.

Lo cierto es que, ya oficialmente, el sector público instrumental andaluz consta de 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, 3 de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. El personal laboral propio de estas 92 entidades ascendía a cierre de 2018 a un total de 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general.

Lo común a todas estas entidades de la llamada "administración paralela" es que su personal no siguió las pruebas habituales para formar parte del personal de la Administración Pública andaluza sino que fue, por decirlo así, "colocado" según el modo que convenía a los gobiernos socialistas de la Junta durante 36 años.

Conclusiones de las auditorías

Ya no hay duda de que, como pusieron de manifiesto innumerables investigaciones periodísticas, "durante los anteriores gobiernos se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta. Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y la Consejería de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos".

Además del gasto superfluo e innecesario que ello provocaba, que asciende a miles de millones de euros aún sin determinar, si se tienen en cuenta todos sus componentes y los años en que tuvieron lugar, resulta que la gestión derivada de todo el entramado fue deficiente.

Hasta tal punto llegó esa ineficiencia, que "incluso está provocando dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados", de lo que cabe deducir toda clase de responsabilidades administrativas y ya se verá si de otra índole.

"Las auditorías también reflejan problemas de competencias del personal de estos entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales", dice la nota para ilustrar el caos encontrado.

Y añade: "A modo de ejemplo, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -donde han confluido los extrabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los de las antiguas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local del Territorio (Utedlt), el personal de las escuelas consorcio, los promotores de empleo, del Plan Memta y la plantilla restante de las antiguas unidades de orientación- el personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes".

Las desigualdades e incluso afrentas profesionales infligidas llegó a tal nivel hay administrativos cobrando unos 48.000 euros anuales y otros que perciben solamente 18.000 euros, a pesar de que desempeñan las mismas funciones. Según Marín, las diferencias se deben a la notoriedad de los apellidos en el seno del PSOE o a la afinidad de las personas afines a los gobiernos socialistas.

Además, muchas de estas retribuciones estaban por encima de la media de los mercados de referencia. En la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), destaca el diario ya mencionado, se ha comprobado que el personal laboral estaba recibiendo retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, con pluses que no responden a una base directamente vinculada por el desempeño laboral.

Otra prueba del desmadre observado es que en la Fundación San Juan de Dios de Lucena el gasto de personal está 20 puntos por encima de la media de los 50 grupos empresariales más relevantes del sector.

La inutilidad de este ejército "paralelo" de administración andaluza dedicado supuestamente a ayudar a la creación de empleo se pone de manifiesto, por ejemplo, en que el 70,4% de los demandantes andaluces de empleo no recibió ofertas de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta, que solo se gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía o que realizó únicamente 12 ofertas por cada 100.000 habitantes.

Las auditorías realizadas admiten que no todos los entes estuvieron al mismo nivel de ineficiencia. Algunos podrían ser útiles en una nueva estructura y otros "podrían ser extinguidos o integrados, por falta de actividad o por no cumplir los objetivos que se marcaron para su creación".

Entre estos últimos se cita el Parque Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, población del Aljarafe muy cercana a Sevilla, que no ha tenido actividad desde hace años y en cuyos terrenos propios 15,67 hectáreas, quince campos de fútbol, no se ha instalado ninguna empresa.

Una difícil solución

Las Auditorías se acompañan de recomendaciones que servirán de base para el Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, un compromiso plasmado en la Ley del Presupuesto de 2019, que ya está en marcha y que contempla un desarrollo en varias fases.

Desde 2019, el gobierno andaluz ha tratado de actuar en lo posible teniendo en cuenta las directrices de la Cámara de Cuentas de Andalucía que ya, en su primera investigación realizada sobre el entonces incipiente Canal Sur, daba como resultado todos estos males ahora multiplicados. Para ello ha tratado de agrupar, simplificar y reorientar pero siempre sin tocar siquiera el tema de los despidos a pesar de la manifiesta arbitrariedad de la mayoría de las contrataciones.

Parecería algo lógico que "quien a dedo entra, a dedo sale", como ocurre con el personal eventual que incorporan los gobiernos a sus organismos y que cesan cuando el gobierno cae. Pero no resulta tan fácil cuando todo se ha hecho con apariencia de legalidad como lo hizo la Junta en manos del PSOE.

Aunque el propio gobierno de Susana Díaz reconoció públicamente que en el Servicio Andaluz de Empleo había dos mil empleados "mano sobre mano" sin tareas concretas recomendadas y que podían ser lógicamente prescindibles, todos ellos cuentan con contratos legalmente firmados por la Administración, lo que puede provocar una cadena de declaraciones de improcedencia de los despidos en los tribunales.

Juan Marín dijo este martes que "si sobran trabajadores, irán a la calle", pero luego matizó que esa "calle" podrían ser otras agencias de la Junta necesitadas de personal. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, no quiere hablar de despidos porque hará falta nuevo personal para gestionar los fondos europeos en la Junta. Añade el dato de que la mitad de los empleados públicos andaluces se jubilará antes de 2030.

En los ensayos ya efectuados, como el despido de algunos empleados de las Unidades Territoriales de Empleo, las sentencias han sido adversas y han costado a la Junta 80 millones de euros.

De todos modos, lo que queda claro en la información de Marín es la irresponsabilidad manifiesta de unos gobiernos socialistas. Y también puede deducirse que arreglar el entuerto, una vez perpetrado, resulta difícil y ello exigiría un gran valor político y moral, algo que no abunda.

Por ello, las injusticias cometidas (la gente que no pudo trabajar legal y adecuadamente en la Junta y se quedó fuera sin opción de igualdad alguna), los privilegios de los contratados de forma irregular, la humillación de los funcionarios públicos que lograron sus plazas por oposiciones regladas y los gastos sufragados inútilmente por los andaluces, seguirán, probablemente, sin reparación.