Hay vida corrupta más allá de los ERE y el PSOE. Izquierda Unida tiene sobre sí uno de los casos más escandalosos de la historia reciente de Andalucía. En 2013, el entonces diputado nacional de IU por Málaga, el actual ministro Alberto Garzón, que no se enteró de nada hasta que estalló el escándalo, pidió la dimisión de la entonces alcaldesa de IU, Antonia Muñoz, pero ésta le hizo una peineta política. Abandonó IU, pero nada más.
Garzón reconoció en unas declaraciones de aquel tiempo que su organización, IU, había tardado mucho en actuar para atajar la corrupción, vox populi, en el Ayuntamiento de Manilva donde el enchufismo y las irregularidades eran conocidos por todos los ciudadanos. Si tardó en reaccionar es que lo sabía y no hizo lo que debía. De hecho, la exalcaldesa cargaba hasta los helados de dos euros que se comía a las cuentas municipales.
Para que se pueda tener una idea de la envergadura del modo de gobierno de la exalcaldesa comunista, sólo hay que recordar que estamos hablando, según la investigación del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Málaga, de 470 enchufados (76 más que los 394 que la Guarda Civil relacionó en Móstoles, colocados por la alcaldesa socialista). Un récord.
470 enchufados sobre una población local que en 2013 era de 14.600 personas representa un porcentaje del 3,2 por ciento del total de la misma. Si se tratara de Madrid, por ejemplo, los enchufados podrían haber llegado a casi 103.000 sobre la población de la capital en 2013, 3,2 millones de personas. Eso da una idea de la gravedad de la corruptela.
Libertad Digital publicó diversas noticias sucesivas sobre el escándalo que subió de tono a lo largo del tiempo y desde hace ocho años permanecía a la espera de que la instrucción judicial desembocara en el necesario juicio. Pero siguen las dificultades para que el proceso tenga por fin lugar.
Informaba la agencia Europa Press el pasado 3 de julio que el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga tenía previsto juzgar "este próximo viernes día 9 de julio" a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Manilva, Antonia Muñoz, al actual regidor, Mario Jiménez, y a otras seis personas por la supuesta adjudicación irregular de contratos municipales a una empresa con vínculos familiares con Muñoz, como su marido, Valentín Caracol, también procesado.
No es la única pieza, porque la investigación se dividió en tres. Las otras dos tienen que ver con el presunto enchufismo de personal en el Ayuntamiento desde 2007 y con el trasvase de fondos municipales a una sociedad, que seguirán pendientes de juicio porque este último se iba a celebrar en octubre de 2020 pero fue suspendido.
En la acusación de la Fiscalía se hizo constar, además, que tras las elecciones de mayo de 2007, la entonces alcaldesa por IU, "aprovechándose de este cargo y concertándose con el que era su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil", constituida por ambos en 2005, "para la prestación de determinados servicios, a sabiendas de incumplir con las exigencias legales".
La calificación indica que esto se realizaba "sin la existencia de expedientes administrativo de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto", ya que el entonces cónyuge "presentaba en el Ayuntamiento facturas de servicios ya prestados, incumpliéndose así con los requisitos que marca la legislación", además de que existían reparos de Intervención por falta de dotación presupuestaria.
"El resto de los acusados en su condición de concejales (también de IU), quienes siendo, perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación y teniendo conocimiento de la relación marital existente, procedieron a aprobar las facturas presentadas", sigue la acusación. Según el fiscal, muchas de las facturas aprobadas en junta de gobierno iban con la firma del actual alcalde, igualmente procesado. "De igual forma se concertaron los acusados para celebrar verbalmente otros contratos en los que igualmente se prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en su adjudicación", dice el escrito, en el que también se detallan otras facturas a nombre de la empresa de otro familiar.
Sin embargo, el pasado 8 de julio, un día antes de la celebración anunciada del juicio, para el 9 de julio la representación legal de la exalcaldesa de IU, Antonia Muñoz, solicitó que el juicio previsto en el Juzgado de lo Penal 6 de Málaga se suspendiera por falta de competencia, ya que por la pena que se le puede pedir por un delito continuado de prevaricación tendría que ser enjuiciada en la Audiencia Provincial.
Ya el pasado 29 de octubre el letrado defensor de la exalcaldesa pidió la suspensión del mismo juicio por su baja laboral a causa de un accidente de tráfico el 14 de septiembre y que no pudo recuperarse para la cita prevista.
Desde entonces, nada se sabe. No puede encontrarse ninguna referencia, ni en la prensa regional ni en agencias, que dé cuenta de si el juicio ha sido suspendido de nuevo o si ya ha tenido lugar una primera sesión. En el juicio, ahora fantasma, iban a sentarse en el banquillo, además de la exalcaldesa Muñoz y su marido, el alcalde Mario Jiménez, los exalcaldes Diego Urieta y Emilio López Berenguer además de otros encausados.