Fue hace más de dos años cuando los seis fiscales Anticorrupción que entendían de todo el entramado de las macrocausas de corrupción en Andalucía, del caso ERE al caso del fraude de la formación pasando por otros varios, pusieron una queja contra María Núñez Bolaños, juez titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que sucedió a Mercedes Alaya, por la insólita manera en que instruía los casos.
Dos años después, la juez Núñez Bolaños, que fue apartada de la instrucción de las macrocausas tras llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para no ser sancionada lográndose así el archivo de las actuaciones, ha denunciado a su vez al Fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a los seis fiscales de Sevilla que firmaron el escrito contra ella en un escrito de 46 folios. Pero, además, según Diario de Sevilla, contempla denunciarlos por un delito de calumnias.
La denuncia, dada a conocer primero a los medios más benevolentes con ella, se ha presentado en un momento en que la batalla interna dentro de la Fiscalía a nivel nacional es muy intensa, lo que da a pie a interpretaciones de todo tipo que tienen al fiscal Jefe Alejandro Luzón en el punto de mira con la Fiscal General, Dolores Delgado, en la cúpula de la institución.
Según el medio citado, "la magistrada, ahora ajena a todo el ruido de las macrocausas y centrada en su labor como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha sorprendido esta semana al trascender la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y contra los seis fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla".
Dos años después y ya tranquila después del supuesto acoso mediático que sufrió, es ahora ella misma la que vuelve a ser centro de la atención de los medios de comunicación pidiendo se abra expediente disciplinario a los siete fiscales, los seis de Sevilla y el jefe de todo ellos, Alejandro Luzón, que señalaron las anomalías de su forma de instruir y los retrasos a que daba paso.
La denuncia ha sido dirigida a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y en su contenido deja claro que, además de que la conducta de los fiscales que la denunciaron puede ser constitutiva de faltas disciplinarias graves por la "grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados" o el "atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración".
La denuncia de los fiscales contra la juez Bolaños tuvo lugar cuando era fiscal general del Estado la ex fiscal jefe de Sevilla María José Segarra, que no formuló reparo alguno ante la acusación de sus subordinados. Ahora, con la Fiscalía General en manos de Dolores Delgado, resulta llamativo que la juez Bolaños, dos años después, haga lo que ha hecho.
La juez Núñez Bolaños parece haber percatado dos años después de que la denuncia de los fiscales, que fueron siete, le causaron un "grave perjuicio psicológico, moral y profesional", "exponiéndola ante una feroz y no contrastada crítica pública y social", cómo recoge el diario del grupo Joly que ha tenido acceso a la denuncia.
Pero la juez Bolaños llega más lejos porque califica de "difamaciones" las afirmaciones de los fiscales respecto al retraso de las macrocausas y considera que lo ocurrido fue más allá de la responsabilidad disciplinaria. De hecho lo señala como un presunto delito de calumnias. La juez alude a la perturbación causada en "el normal desarrollo del servicio en la Administración de Justicia", "enrareciendo el ambiente de trabajo y generando disfuncionalidades en el funcionamiento del juzgado".
Por ello, y considerando que la razón principal de su acoso y denuncia fue sencillamente un criterio jurídico diferente al de la Fiscalía, la juez Bolaños deja entrever que sus acciones podrían llegar a la denuncia de un presunto delito de calumnias si no prospera su denuncia en la Fiscalía General.
Dolores Delgado tendrá que decidir si la Fiscalía abre una "información previa" como se le abrieron las diligencias informativas a Bolaños con el envío de jueces especiales encargados de la investigación de su caso. De lo que no cabe duda es de que la Fiscalía Anticorrupción y su delegación en Sevilla quedan de este modo situadas en el punto de mira de la Fiscalía General cuando todavía queda sin concluir la instrucción de gran parte de las macrocausas.