Las deudas pendientes que la Junta de Andalucía tiene que abonar a empresas y proveedores tras distintos procesos judiciales son un problema para cuadrar las cuentas de la nueva administración gobernada por Juan Manuel Moreno. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha cifrado en cerca de 2.000 millones de euros la cantidad pendiente de los anteriores gobiernos del PSOE-A.
En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Bravo ha manifestado que es difícil de entender por qué se ha llegado a esta situación debido a los impagos de los anteriores gobiernos socialistas, apuntando que prácticamente cada semana, el actual Ejecutivo tiene que pagar sentencias de procedimientos anteriores.
Ha querido dejar claro que el actual Gobierno ha acabado con esta situación y sí está pagando al día a las empresas y proveedores y ha expuesto que en lo relativo a la Consejería de Fomento, se han tenido que abonar 90 millones de euros sólo en intereses de demora.
El consejero ha indicado que ya no es sólo que en años anteriores se dejara de pagar o no, sino hechos como más de 600 millones de euros se pagaron "con autofinanciadas" para proyectos que no han entrado en marcha y no han visto la luz.
Según ha explicado Juan Bravo, en Fomento, en muchos casos, se licitaba y se adjudicaba, pero nunca empezaba la ejecución, de manera que hay que indemnizar a las empresas a las que se les daba la adjudicación. Ha indicado que muchas de estas situaciones también están denunciadas en los tribunales.
Por su parte, la diputada de Vox Ángela Mulas, que ha preguntado al consejero sobre este asunto, ha denunciado la situación de "corrupción" generalizada que implantaron los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía y que, entre otros hechos, dieron lugar a numerosas deudas pendientes con empresas y proveedores a los que la administración autonómica nunca pagó a tiempo.
Según ha denunciado, el anterior gobierno del PSOE-A dejó "sin pagar facturas que ascienden a 1.500 millones, más de la mitad destinados a la administración paralela" y, concretamente, más de 812 millones eran del Servicio Andaluz de Salud (SAS).