El proyecto de reforma de la Ley de Patrimonio que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado con polémica. La posibilidad de que el Gobierno pueda controlar la gestión de monumentos privados como la Catedral de Sevilla o la Mezquita-Catedral de Córdoba ha creado malestar en la Iglesia, dueña de la mayoría de estos inmuebles, y también en CCAA como Andalucía que ve un conflicto de competencias.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha denunciado la "invasión de competencias autonómicas" que persigue el Gobierno central por la reforma de la Ley de Patrimonio histórico español que ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros.
Del Pozo ha expresado la preocupación de la Junta por ese proyecto de ley y ha apuntado que desde su departamento ya se está analizando el texto para presentar las correspondientes alegaciones al Ministerio de Cultura.
Ha indicado que lo que procedería en este momento, tras más de tres décadas, es que el Gobierno central hubiera planteado una nueva ley de patrimonio y no una reforma de la actual: "Una nueva norma para conservar y para poder vivir también el patrimonio y que acabara con los problemas que causa la aplicación de la ley actual".
Según Patricia del Pozo, la reforma planteada por el Ejecutivo nacional supone una "invasión" de competencias tanto de las comunidades como de los municipios "que no puede justificarse".
Asimismo, se ha referido al hecho de que establece una nueva categoría de bienes culturales de interés mundial entre los que se incluyen los bienes inmuebles incluidos en la lista de patrimonio mundial. Según ha apuntado, en Andalucía hay 15 de los 48 que hay en España y quedarían adscritos, con la nueva ley, a un patronato estatal, lo que supone "invasión de competencias autonómicas y municipales".
Patricia del Pozo ha indicado además que la reforma planteada limita seriamente la libertad de la Iglesia en relación a sus bienes inmuebles, de manera que estamos ante "una invasión directa también a los titulares de los bienes eclesiásticos".