La sonora bronca política de ayer entre el PP y Vox con eco desaforado en Ceuta, ha conseguido que el PSOE andaluz descubra uno de los ases que guardaba en la manga. Como se ha traído y llevado mucho sobre una posible moción de censura, que nadie dice querer, se destapó ayer la posibilidad de que lo que se impulse sea una cuestión de confianza.
La diferencia entre ambos conceptos reglamentarios es casi nula, de no ser porque la moción de censura tiene que ser impulsada por uno o más grupos de la oposición parlamentaria y la cuestión de confianza tiene que ser presentada por el propio gobierno andaluz en la cámara autonómica.
Sin embargo, en el caso andaluz según se desprende del Estatuto de Autonomía y su reglamento, la consecuencia es casi la misma: la dimisión del presidente y la elección de una nueva presidencia. Textualmente:
Artículo 125. Cuestión de confianza. 1. El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
2. Si el Parlamento negara su confianza, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Junta, de acuerdo con el procedimiento del artículo 118.
El alcalde de Sevilla y candidato a las primarias del PSOE-A, Juan Espadas, destiló ayer la posibilidad de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, se someta "a una cuestión de confianza" en el Parlamento una vez que Vox ha decidido no apoyar proyecto alguno que no haya consensuado o pactado.
La cuestión es que quiera hacerlo Juan Manuel Moreno, único que puede decidir tal iniciativa. Si lo hace, corre el mismo riesgo que con la moción de censura porque cinco diputados de Ciudadanos podrían no darle su apoyo y tener que dimitir. Si no lo hace, estará sometido al desgaste a derecha e izquierda por no disponer de una mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad.
Es más. Espadas explicó ayer, en entrevista en la COPE, su inquietud por la oposición de Vox y PP que, a su juicio, lleva a formularse la pregunta de "¿cuándo va a durar la legislatura después de lo visto ayer en el Parlamento?" Y añadió: "No es extraño pensar que en las próximas semanas se tenga que someter (Juan Manuel Moreno) a una cuestión de confianza".
Naturalmente, Juan Espadas, aún alcalde de Sevilla, no se refirió a la actitud de Susana Díaz de atrasar las primarias socialistas hasta diciembre, algo que, visto lo visto, puede considerarse ahora un plazo imposible dada la crisis emergida de la Junta con Vox, en especial del PP andaluz. Ayer mismo, Moreno espetó a Manuel Gavira que lo que quiere es "tumbar" el gobierno del PP y Ciudadanos, oficializando la crisis.
Espadas, más locuaz tal vez ante la ausencia forzosa de Susana Díaz, dijo no creer que el gobierno de Juan Manuel Moreno "aguante un año" porque está "secuestrado" por Vox. Y apostilló: "Es muy sencillo, lo que tiene que ver el señor Moreno es si tiene o no la confianza de Vox y, si la tiene, que sea transparente, que diga si hay o no un acuerdo para terminar la legislatura y, si no lo hay, me parece demasiada precariedad para gestionar la recuperación de Andalucía tras la pandemia".
Ante la indisposición de Susana Díaz, que abandonó el Pleno de control del gobierno andaluz, nada pudo saberse de su posición respecto al tema de los indultos de los golpistas catalanes, ni al tema de Ceuta ni a otros temas esenciales que están teniendo una grave incidencia en el seno de su partido, con implicación destacada de Felipe González, Alfonso Guerra y los presidentes de Extremadura y Castilla la Mancha, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García Page, por ahora.
Sustituida por su pretoriano José Fiscal, que exhibió un perfil moderado destacando que si bien habían tumbado la Ley de Sostenibilidad del Territorio Andaluz de la mano de Vox, estaban dispuestos a apoyar la reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía, algo que no tuvo que comprobarse porque Vox cumplió su advertencia.
También había otros dos temas viscosos que eludió Susana Díaz con su inoportuna bajada de tensión, se ha dicho. Por un lado, el de que la Fiscalía haya pedido que el secretario general del PSOE de Almería y diputado autonómico, su aliado José Luis Sánchez Teruel, declare en el caso Marismas por un presunto fraude de 40 millones de euros que no se emplearon de acuerdo con lo suscrito con la Unión Europea. Teruel era entonces director general de Regadíos en la Junta de Andalucía.
El otro, la crisis desatada en el Ayuntamiento de Granada por el incumplimiento de Ciudadanos y del PP del pacto al que se llegaron por el que Luis Salvador, actual alcalde de Ciudadanos, dejaría su puesto a los dos años para que lo ocupara Sebastián Pérez, entonces presidente del PP granadino. Pero ni Ciudadanos ni el PP andaluz ni nacional quieren que tal pacto se cumpla para no desairar al socio de gobierno.
Eso ha conducido a que Sebastián Pérez se marche del PP sin dejar el acta de concejal dejando en minoría al actual gobierno de PP y Cs, minoría que podría sufrir una moción de censura a manos del PSOE y sus aliados. No se descarta que el propio Pérez y el PSOE entablen conversaciones para lograr el cambio de gobierno. Pero Susana Díaz no dice nada, por ahora, sobre las cosas esenciales.