Vox cumple su amenaza contra el Gobierno andaluz e impide que salgan adelante dos leyes autonómicas

La presión que Vox está ejerciendo contra el Ejecutivo andaluz de PP y Cs sigue en aumento. Después de anunciar que retiraría su apoyo parlamentario al Gobierno de Juan Manuel Moreno y Juan Marín por ofrecerse a acoger a menas tras la invasión de Ceuta propiciada por Marruecos, el partido de Santiago Abascal ha cumplido su amenaza de no apoyar proyectos que no contaran con su firma.

En la sesión parlamentaria del pasado miércoles en la que se debatía la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía contra el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, Vox se abstuvo y sólo contó con el rechazo de PP y Ciudadanos y los votos favorables de la izquierda y los diputados no adscritos. Además, impidió que se tramitara por vía de urgencia la reforma de la Ley de Salud Pública.

Abstención en la enmienda a la totalidad

Lo único que se sometía a votación era la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, que ha contado con 50 votos a favor (PSOE y Adelante) y con 43 en contra (PP y Cs), y con las 11 abstenciones de Vox. El hecho de que la enmienda haya tenido más votos afirmativos que negativos ha supuesto que decae la tramitación del proyecto de ley y que se devuelva al Consejo de Gobierno. De esta forma, ya no podrá seguir su tramitación en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde los grupos podrían haber planteado enmiendas parciales.

Durante su intervención en el debate de totalidad, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha apelado al consenso de todos los grupos en torno a esta norma fundamental, por lo que les ha pedido su apoyo y ayuda para mejorar el texto en la tramitación en comisión. Ha recalcado que esta norma es fundamental en un momento crucial para Andalucía, para ayudar a la reactivación económica y a la creación de empleo.

Según la consejera, el objetivo de la ley es garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente. Este proyecto de ley impulsado por PP y Cs ponía fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), supone una revisión integral del urbanismo andaluz y aporta una reducción de trámites administrativos y orden legislativo, que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios.

Carazo aseguró que la nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo. En concreto, casi 500 PGOU han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales. A su juicio, es necesario dotar a Andalucía de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar el conocimiento de la propia norma a sus destinatarios.

Adelante Andalucía defendió su enmienda a la totalidad argumentando que hay que simplificar la legislación pero que esta norma se parece demasiado a la ley del suelo estatal del Gobierno de José María Aznar, que daba vía libre a la construcción, lo que "no es un camino de prosperidad económica". El PSOE se alineó con la extrema izquierda con un argumento similar y señaló que "abre la puerta a la edificación desmedida y sin planificación y que supone un retroceso a los años del ladrillo y de construir donde hubiera un hueco".

El diputado de Vox Alejandro Hernández anunció la abstención de su grupo ante la enmienda a la totalidad presentada por Adelante Andalucía y dijo que "si nosotros ahora mismo estamos peleando por esta cuestión hace falta que ustedes entiendan que es incompatible plantear la exigencia de elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como es esta, porque lo que pueda salir de esas elecciones puede determinar que nos encontremos con otra correlación de fuerzas y con otras exigencias a la hora de tramitar la ley".

En su opinión, hay un "problema de seguridad jurídica en el articulado de la ley" y "ni se simplifica ni se clarifican las actuaciones a seguir". Ha señalado que si bien en la exposición de motivos del proyecto de ley se habla con ambición de un cambio de modelo y de un nuevo urbanismo, la realidad es que no se acaba resolver el grave problema de la dependencia de la legislación sectorial, que es un gran problema en la tramitación de los planeamientos urbanísticos.

Por su parte, el PP pidió responsabilidad a Vox y que recapacitara su posición y a Ciudadanos le ha sorprendido que los de Santiago Abascal estén en "la misma línea" que la extrema izquierda andaluza.

La reforma de la Ley de Salud Pública

Sin embargo, esta no ha sido la única propuesta en la que Vox ha retirado su apoyo al Gobierno de PP y Cs. En la reforma de Ley de Salud Pública andaluza que se tramitaba por vía de urgencia para poder tomar medidas en esta fase de la pandemia, Vox la ha impedido ya que hacía falta que todos los grupos parlamentarios la aprobasen.

El partido que dirige Manuel Gavira en Andalucía ha señalado que no están de acuerdo con el contenido de la reforma de la Ley de Salud Pública porque incluye "restricciones de derechos". Gavira aseguró que les llegó "un segundo borrador que era más confuso que el primero y que dejaba la toma de decisiones en manos del comité de alertas. A partir de ese segundo borrador, no he tenido ningún contacto con el Gobierno".