Tras el espectáculo caníbal de los comunismos andaluces, el de IU, el de Podemos y el de los anticapitalistas, que condujo a la exclusión de Teresa Rodríguez y su mayoría del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, sigue ahora el que el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de amparo de sus nueve diputados que pone el Parlamento andaluz en un brete.
De prosperar, todos los partidos de la Cámara excepto Vox, que se abstuvo en la decisión por dudar de su constitucionalidad, quedarán en evidencia por haber aplicado la condición de tránsfuga al grupo completo de Teresa Rodríguez tras su separación "amistosa" de Podemos y retirarle sus derechos al grupo parlamentario y sus emolumentos.
El Tribunal Constitucional (TC) dictó el lunes pasado una providencia en la que admite el recurso de amparo presentado por los nueve diputados expulsados del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, con la que fuera líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a la cabeza.
Lo que fue considerado por ella misma "un escándalo sin precedentes en la historia del parlamentarismo andaluz" lleva camino de concretarse. Ya los letrados de la Cámara andaluza sembraron dudas sobre su idoneidad pero ahora es el Tribunal Constitucional el que "ve signos de ilegalidad en nuestra expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía admitiendo a trámite nuestro recurso y abriendo una pieza separada para determinar si habrá suspensión ordinaria de esa expulsión", añadió la propia Rodríguez.
Y, por si fuera poco, Teresa Rodríguez anunciaba que el próximo 26 de junio se celebrará una asamblea de "refundación" de Adelante Andalucía, la marca electoral de la coalición con la que Podemos, IU y fuerzas andalucistas concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 y que ahora pertenece, como partido, a lo partidarios de la roteña.
O sea, que el comunismo andaluz sigue sangrando por la herida abierta por la expulsión de Rodríguez y sus 8 diputados. Pero la anticapi avanza tanto en el Tribunal Constitucional, al menos en disposición de tiempo, como en el terreno político dando por sentado que la marca Adelante Andalucía es de su exclusiva propiedad. Todo ello deja en la penumbra más inquietante a Podemos e IU, doloridos por la debacle madrileña y con el futuro amenazado.
Juan Espadas y las autovías
Y dos veces. La primera, a consecuencia del escándalo de los afiliados sobrevenidos en Peñarroya-Pueblonuevo, pueblo dominado por Susana Díaz, cuyo secretario local, José Ignacio Expósito denunció la llegada masiva de afiliados inscritos en el censo procedentes de Ferraz, poniendo en duda tal incremento de votantes.
Naturalmente, el aparato provincial del PSOE de Córdoba ha anunciado que extremará los cuidados para que estas operaciones oscuras y sospechosas no puedan producirse. Según Expósito, 3 ó 4 de los 45 nuevos afiliados de Peñarroya-Pueblonuevo no eran siquiera del pueblo y era una anomalía que hubiera quienes se afiliaran directamente en Ferraz en vez de en su sede local.
Mientras Ferraz no dé una explicación al PSOE de la localidad cordobesa, el pagano de la situación es el candidato de Pedro Sánchez, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, que ve afectada su imagen de limpieza con este percance.
Por si fuera poco, él mismo se ha metido a contramano en el caso de las autovías. Cuando Susana Díaz anunciaba que esperaba que el gobierno retirara su propuesta de hacer pagar a los ciudadanos el mantenimiento de las autovías sufragadas por los impuestos generales mediante un nuevo peaje, Espadas se empeñaba en justificarla.
Lo hizo en el programa Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión y sus declaraciones fueron recogidas por Europa Press. Trató de presentar el caso como "mal planteado" para decir después que la medida no se ha aprobado aunque lo haya propuesto el gobierno a la Unión Europea.
Espadas insistió en que la medida de cobrar peajes en autovías es una práctica generalizada en 20 países de la UE. Por si fuera poco, se empeñó en diferenciar los peajes de las autopistas privadas de las autovías públicas. Una cosa es que quien invierte en una autopista privada cobre un peaje para cubrir su inversión y obtener beneficios y otra cosa es el mantenimiento de las autovías.
Para colmo, acusó al debate de "engañoso y no cerrado" y dijo que la alternativa a no admitir los peajes en las autovías públicas era "unas carreteras inseguras".