El partido de Santiago Abascal ha pedido que tras el acuerdo fiscal y presupuestario se supriman también los entes superfluos en la Junta de Andalucía. Concretamente, en la proposición no de ley presentada el pasado 16 de abril y publicada diez días después en el Boletín Oficial del Parlamento.
Entre los distintos entes Vox pide la supresión del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, del Consejo Audiovisual de Andalucía, de la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, que cree asumible por el Defensor del Pueblo a nivel nacional como todos los demás pueden ser asumidos por sus equivalentes nacionales.
En realidad, el planteamiento de Vox es una interpretación del principio de subsidiariedad de la Unión Europea que quiere garantizar que la competencia de un ente local o regional no sea duplicada por la de un ente nacional. En el caso de Vox, se priman los entes nacionales y los entes locales en detrimento de los entes autonómicos.
Por ello, en general, Vox pide que cualquier ente u organismo que realice alguna función que pueda ser asumida por organismos o entes análogos de ámbito nacional, no tengan cabida en las regiones, en este caso, en Andalucía.
Además, insta al Consejo de Gobierno que preside Juan Manuel Moreno con el apoyo de Ciudadanos, que "en base al resultado de las auditorías y estudios realizados al sector instrumental de la Junta de Andalucía," se realicen las supresiones y recomendaciones dispuestas por tales informes reduciendo de ese modo la llamada "administración paralela".
Igualmente, Vox pide que se realicen "las reestructuraciones necesarias en la Administración de la Junta de Andalucía que permitan reducir de forma drástica el gasto superfluo, para emplear los recursos públicos de los andaluces en una mejora real y efectiva de los servicios públicos". Por ello, pide reubicar "a todos aquellos funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se encuentren prestando sus servicios en estos entes, respetando sus derechos laborales".
Esta proposición no de ley va a tener su debate correspondiente justo después de que Vox haya apoyado la reforma fiscal de la Junta que devuelve a los bolsillos andaluces casi 360 millones de euros que antes debían ser pagados bajo la forma de diferentes impuestos: IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte y Tributos sobre el juego.
Sin embargo, la supresión de estos entes no sólo es pedida o puesta en marcha por Vox. En la PNL presentada se recuerda que en Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura ahora bajo gobiernos socialistas pero que han sido gobernadas por distintos partidos, "se fueron suprimiendo dichos organismos, derivando sus funciones a los organismos análogos estatales, capaces de realizar las mismas funciones a un menor coste".
No se hizo lo mismo en Andalucía en los 37 años de gobiernos socialistas. Al contrario, según Vox, "el Estado autonómico ha provocado que a lo largo de estos cuarenta años proliferen una serie de organismos y entes que ejercen competencias que podrían ser asumidas por sus análogos a nivel nacional, evitando duplicidades y gastos innecesarios. En el caso de Andalucía, tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas, nuestra región se ha convertido en una de las más atrasadas de España, encabezando vergonzosas clasificaciones de toda índole. Todo ello mientras se tejía una tupida tela de araña institucional y administrativa en la que eran colocadas personas afines al partido del Gobierno".
Estas supresiones y reestructuraciones podrían suponer un ahorro directo de más de dieciocho millones de euros en los próximos presupuestos autonómicos, dinero que debe ser invertido en la mejora de los deteriorados servicios públicos andaluces, arguye Vox. Y además, se eliminarían burocracia, trámites inútiles y regulaciones innecesarias.