Desde hace ya más de diez años, el entramado de casos de corrupción desde las 200 piezas de los ERE a los macrocasos de la formación, de Invercaria, de los avales, de la Fundación FAFFE, continúan arrojando luz sobre las irregularidades perpetradas por el PSOE desde la Junta de Andalucía. Pero desde hace ya tiempo, la dirección socialista de Ferraz está logrando impedir que tales noticias crucen Despeñaperros y lleguen a toda España. Todo eso pertenece al Sur y está relacionado exclusivamente con Susana Díaz.
Resulta extraordinario que el PSOE, que tiene dos ex presidentes nacionales, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por la Audiencia Nacional de Sevilla, a la espera de la decisión definitiva del Tribunal Supremo, a muchos años de inhabilitación y cárcel, haya logrado la hazaña de silenciarlo fuera de Andalucía, o casi. Más raro es que incluso el centroderecha lo haya consentido, pero es lo que parece.
Dos ejemplos inauguran la semana. Este martes, en la Sección Primera de la Audiencia de comienza el juicio por las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín.
Se enjuicia la conducta de la diseñadora cordobesa de moda flamenca por presunto un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación. Junto a ella, se sientan en el banquillo el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto, exdirector financiero de la entidad, por las ayudas concedidas a la diseñadora entre 2006 y 2011.
Llama la atención que también sea enjuiciado el exdirector de promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, que fue quien denunció todos los procedimientos irregulares de Invercaria. Pero es sabido que la dirección de Invercaria y la Junta de Andalucía, desde que Cantos hizo públicas sus definitivas grabaciones, lo han perseguido sin descanso con querellas de las que salido victorioso hasta ahora.
Invercaria concedió en 2006 a la sociedad mercantil Juana Martín Diseño la cantidad de 120.000 euros "destinados exclusivamente para la financiación de las actuaciones" de dicha empresa, encargando después un estudio "sobre cómo materializar la operación de constitución de la sociedad y cómo se articularía la actividad empresarial" de la diseñadora, que hasta entonces operaba como autónoma. Esta concesión no fue ratificada oficialmente.
Según indica el juez, en dicha póliza intervinieron Pérez-Sauquillo, como presidente de Invercaria, y Juana Martín, como administradora única de Juana Martín Diseño, de forma que la operación se materializó mediante cheque nominativo por importe de 120.000 euros.
El 17 de febrero de 2011, finalmente, Invercaria remitió una carta a Juana Martín Andalucía reclamando la liquidación de capital relativa al vencimiento, el 14 de diciembre de 2010, del préstamo por importe de 200.000 euros concedido en 2006, una reclamación a la que siguieron otras dos, "sin que Juana Martín Andalucía abonara cantidad alguna".
Nuevas imputaciones en el caso ERE
Juan Ignacio Vilaplana, juez de apoyo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular sigue siendo la juez Núñez Bolaños, no sigue el camino de su antecesora en la instrucción de los macrocasos y lo demuestra su actividad incesante y en nada discutida por la Fiscalía.
Sabido es que el caso ERE contempla un comportamiento impropio de la Junta de Andalucía en ayudas y subvenciones irregulares que se desarrolló durante más de diez años y tuvo como consecuencia el crecimiento del voto clientelar entre empresas, sindicatos y zonas enteras de la geografía andaluza sin tener en cuenta igualdad alguna ante la ley.
De entre las casi 200 piezas en las que se dividió el caso por acuerdo de juez y fiscalía y contra el criterio de la primera juez instructora, Mercedes Alaya, emergen continuamente nuevos hechos que dan pie a nuevas imputaciones por delitos advertidos ahora que no lo fueron en el pasado.
El Mundo recoge hoy uno de estos casos que ha conducido a la ampliación de la imputación de tres ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, Justo Mañas y Daniel Rivera. Recio fue consejero de Empleo de la Junta. Mañas fue viceconsejero de Empleo y Rivera fue director general de Trabajo y está imputado en más de 50 casos.
Los tres imputados participaron en un «acuerdo» de 16 de noviembre de 2010 plagado de "notables irregularidades" y "emitido y formalizado de forma arbitraria e injusta". En el acuerdo, la dirección general de Empleo de la Junta reconoce una deuda de casi 4,5 millones de euros con el Consorcio de Compensación de Seguros derivadas de primas de pólizas de beneficiarios de las ayudas de los ERE afectadas por la quiebra de una de las aseguradoras que servía a la Junta en estos menesteres de su "fondo de reptiles".
Pero el reconocimiento de la deuda tenía que haber pasado por el Consejo de Gobierno que presidía José Antonio Griñán con varios trámites fiscalizadores e informes que nunca se hicieron. O sea, que la imputación de los tres afectados sube de nivel con las acusaciones de prevaricación y malversación de fondos públicos.