El Parlamento andaluz impulsa la lucha contra la corrupción pero consolida el poder de las cúpulas de los partidos

Hasta el momento, los principales actores de la corrupción en Andalucía, bien frondosa desde hace 40 años, han sido los dirigentes de unos partidos, sus allegados y familiares, bien a nivel regional bien a nivel local. Todos los casos importantes, desde los ERE al caso Guerra o al caso Malaya o al caso de El Ejido, tienen por protagonistas a los jerarcas de los partidos que controlan grandes cantidades de dinero vía presupuestos y tienen amplias oportunidades de generar negocios con terceros desde sus cargos oficiales.

Por ello, resulta llamativo que PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía, con la abstención de Vox y la oposición de los defenestrados de Teresa Rodríguez, hayan aprobado un dictamen de la comisión de reforma del Reglamento del Parlamento que amplía considerablemente el poder de las cúpulas de los partidos a pesar de los riesgos de constitucionalidad que han detectado los letrados del Parlamento y la ex líder de Podemos, la ya mencionada Teresa Rodríguez.

Precisamente los diputados no adscritos expulsados del grupo de Adelante asistieron al debate y expresaron su rechazo a esta reforma que contempla que "en el supuesto de que temporal o definitivamente se produjera la usurpación parcial o completa de la denominación de un grupo parlamentario, este podrá comunicar a la Mesa del Parlamento la decisión de cambio de su denominación mientras que la usurpación se mantenga".

Todo viene a cuento de que IU y Podemos consideran que Rodríguez y los encubiertos anticapis usurparon la marca Adelante Andalucía que pertenecía a Podemos (partido que abandonaron) y a IU. Vox se ha abstenido porque ve indicios de inconstitucionalidad en el texto aprobado.

Entre otras cosas, el acuerdo recoge lo siguiente: "Se considerará tránsfuga asimismo al diputado o diputada electo por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsado del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso". Los dirigentes de los partidos aumentan su poder sobre cualquier crítico interno que desee hacer visible su oposición a las políticas "oficiales".

Tras esta de arena, vino la de cal de la mano del propio Parlamento que admitió por vez primera que los denunciantes contra la corrupción asociados en la Alianza Contra la Corrupción, comparecieran en el Parlamento Andaluz y expusieran sus aportaciones respecto a la futura Agencia Antifraude.

No es algo baladí porque, según la Alianza es "un día que podemos calificar de un paso histórico en nuestra comunidad pues es la primera vez que las víctimas de la corrupción somos escuchadas por nuestros representantes políticos. Es desde nuestro punto de vista, una apabullante victoria moral y ética, frente a las organizaciones que intentan silenciar nuestras alertas".

La Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ha tomado nota de sus propuestas que quieren que la futura Agencia Antifraude cumpla con los más altos estándares a nivel internacional en materia de protección a y whistleblowers (denunciantes de la corrupción) y se erija como referente nacional en la lucha contra la corrupción.

Por parte de la Alianza intervinieron Jaime González, Presidente de Alianza contra la Corrupción y denunciante del caso del cártel del Fuego; Francisco José Sánchez del Águila Ramón, Presidente de AMAYT y Roberto Macías, alertador del caso de las facturas falsas de UGT publicado inicialmente en exclusiva por Libertad Digital.

Especialmente significativos han sido los apoyos que la nueva estructura institucional y legal (la futura Ley Antifraude) ha obtenido del Defensor del Pueblo Andaluz, de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía Anticorrupción, que esperan que entre todas las instancias interesadas se produzca un encaje fluido que favorezca en la práctica la lucha contra la corrupción.