Tras años de lucha infructuosa, de incomprensión cuando no de persecución política y legal, la Asociación Alianza contra la Corrupción constituida en 2019 por denunciantes de corrupción, activistas por la ética política y otros simpatizantes que exigen condiciones básicas que permitan la lucha contra la corrupción, han encontrado abrigo en el gobierno andaluz y en los partidos que lo sustentan, especialmente Ciudadanos, pero también PP y Vox.
El próximo día 19 de abril, a las 11.30 sus representantes comparecerán para defender sus propuestas ante la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento de Andalucía, que es la encargada de la tramitación del proyecto de ley que se va a presentar y que está presidida por Ciudadanos.
La convocatoria ha sido propuesta por los grupos parlamentarios Ciudadanos, Vox, que ha acogido esta iniciativa desde el principio, y Adelante Andalucía. "Queremos agradecer a los tres su deferencia con nosotros, y aprovechamos para reiterar al grupo Adelante Andalucía y a cualquier otro que tenga interés en ello, nuestra predisposición para mantener con ellos las reuniones que sean necesarias para darles las explicaciones sobre la importancia de la ley, de las mejoras que proponemos y de las iniciativas contra la corrupción en general", dicen los representantes de la Alianza.
Forman parte de la Junta Directiva de la Asociación Jaime González Díaz, denunciante del caso llamado Cartel del Fuego de Andalucía; Roberto Alejandro Macías Chávez, denunciante del caso UGT de Andalucía que fue publicado inicialmente por Libertad Digital y Francisco Javier Perejón Marfil, denunciante de la Empresa Pública de Turismo de Andalucía, entre otros.
Con este motivo, Libertad Digital pidió a Jaime González Díaz, miembro de la Junta directiva de la Asociación y denunciante del caso llamado Cártel del Fuego en Andalucía, que resumiera la trayectoria que ha conducido a que, por fin, después de años de denuncias por corrupción, su voz fuera escuchada por un gobierno andaluz y sus representantes en el Parlamento.
Nos ha referido González Díaz que "desde principios de 2019 e incluso antes, han tomado parte en diversas reuniones con la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería de Turismo, con Nuria Gómez Alvárez al frente, del partido Ciudadanos, para tratar la elaboración del futuro anteproyecto de ley de Oficina Antifraude de Andalucía. Esas reuniones culminaron en enero de 2020, cuando se les informó personalmente por el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de que se había culminado todo el proceso de elaboración, y que solo obstaba, por un lado, la aprobación en el Consejo de Gobierno compuesto por Ciudadanos y PP, para que se convirtiera en proyecto de ley, aprobación que era previsible, dada la buena predisposición de los dos partidos que gobiernan en coalición en Andalucía, y, por otro lado, la tramitación y aprobación parlamentaria."
Según el resumen, está muy clara la voluntad de Ciudadanos que ven a éste como "el proyecto estrella de su política de Regeneración en Andalucía" pero "observamos que el borrador se había recortado en comparación con el redactado y expuesto en reuniones previas".
"Preguntamos al vicepresidente por esta circunstancia que nos preocupaba, y nos explicó que el borrador ya había sido consultado con otras fuerzas políticas" y los grupos de la izquierda manifestaron determinada oposición al proyecto lo que había obligado a modificarlo para evitar una oposición radical al anteproyecto y tratar de conseguir una tramitación parlamentaria de consenso.
Las modificaciones sufridas han "recortado claramente el ámbito objetivo de la ley, y ahora no se contemplaba su aplicación a la Administración Local de forma directa y obligatoria. Por otro lado, también nos llamó la atención de forma satisfactoria, la pronta previsión de entrada en funcionamiento de la Oficina, para finales de 2021, lo cual demuestra el hondo interés de los grupos en el poder para llevar a cabo este proyecto."
Aunque, sigue diciendo el informe, "tratamos de conseguir reuniones con todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Andalucía. Solo nos contestaron los grupos parlamentarios de Vox y Ciudadanos. Con ambos, hemos tenido encuentros para explicarles cuales son las debilidades y posibilidades de mejora del ahora proyecto de ley, para que se presenten enmiendas en ese sentido si lo consideran oportuno".
Objetivos de la AAC:
- Que se mantenga la elección del cargo del Director de la Oficina, por mayoría lo más amplia posible del Parlamento, para que la Oficina sirva a la prevención y persecución de la corrupción sea del color que sea y que además la Oficina sea un elemento de cooperación y acercamiento entre los partidos. Queremos que se elimine que su elección tenga que ser entre funcionarios del grupo A de la Junta y que se pueda elegir a cualquier persona de consenso.
- Que se introduzca en la estructura de la Oficina, un Consejo de Participación Social, de forma que haya un órgano de asesoramiento, participación y control externo a la propia Oficina y al Parlamento, formado por personas de la sociedad civil.
- Que la oficina sirva para perseguir todo tipo de ilegalidades, no solo delitos del código penal, si no también todo tipo de fraudes y corrupciones que ahora se califican como "irregularidades administrativas" por caer por debajo del estándar del código penal pero que realmente es el grueso de la corrupción y el inicio de la misma. Perseguimos que se amplíe la potestad sancionadora de la Oficina.
- Que se amplíe el ámbito de actuación a la Administración Local y Universidades de forma directa. También perseguimos que la futura ley explicite claramente que la protección de la misma se podrá aplicar a todas las personas que se vean represaliadas por motivo de denunciar corrupción, aunque no haya formalizado desde el primer momento una denuncia ante la Oficina.
- Que se introduzca algún tipo de cláusula que pueda favorecer a los denunciantes de corrupción en las convocatorias de empleo público, dada su situación de vulnerabilidad y ruina tras sufrir las represalias por haber denunciado corrupción, de forma que sea un mérito puntuable en esas convocatorias el haber denunciado corrupción.