El socialista Antonio López, consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, la máxima autoridad de control de las cuentas andaluzas, no consiente ser relevado del cargo por el pleno del que forman parte los nuevos consejeros electos en el Parlamento andaluz.
Desde filas socialistas se destila la idea de que la exigencia de que deje su puesto que impulsan los partidos del gobierno andaluz, PP y Cs, con Vox de apoyo, se debe a que tiene un informe sobre las facturas impagadas de la Junta, versión de la que se hace eco hoy Diario de Sevilla.
Pero El Mundo y ABC destacan que López, que lleva ya diez años en el cargo, está eludiendo convocar el pleno de la institución que pondría fin a su presidencia porque está fuera de la legalidad desde febrero de este año. Aunque el pleno de la Cámara puede ser convocado por tres miembros y lo ha sido por cuatro, el consejero mayor se niega a convocarlo para no ser relevado.
La Cámara de Cuentas de Andalucía está compuesta de siete consejeros de los que dos fueron propuestos por el PP, dos por el PSOE (López es uno de ellos), uno por Ciudadanos, otro por Adelante Andalucía y otro por Vox. Los dos del PP, el de Cs y el de Vox han exigido la convocatoria del pleno, cosa para la que están facultados según la Ley 1/1988 que regula el funcionamiento de la institución, pero la mayoría ya no favorece al PSOE.
El artículo 17.4 dice con toda claridad que el
pleno se reunirá con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime la persona titular de la Presidencia o lo propongan tres de sus miembros.
Sin embargo, en vez de convocar el pleno para la votación de un nuevo presidente, el socialista Antonio López sí quiere convocar otro en el que se debata que la actual Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno tiene 1.236,39 millones de euros en facturas pendientes de pago y que no tienen respaldo presupuestario.
Estos millones en el cajón fueron denunciados intensamente por el PP en la etapa de gobierno de Susana Díaz. En el 2018, las facturas pendientes de pago y sin respaldo presupuestario ascendían a más de 1.400 millones de euros.
Según Diario de Sevilla, que recoge la versión socialista, este asunto figura en el informe provisional de fiscalización sobre las cuentas de la Junta de 2019 que no puede ser aprobado porque los consejeros de la Cámara de PP, Cs y Vox no asisten a los plenos que convoca el presidente López, al que la ley obliga a dejar el cargo.
Esto es, López quiere un pleno para aprobar un informe que puede perjudicar al gobierno de la Junta, pero no quiere el pleno que le obliga a dejar el cargo. Así ni el informe que favorece al PSOE llega al Parlamento ni la presidencia de la Cámara cambia de manos. O sea, un bloqueo institucional. López ha convocado los plenos que le interesan tres veces y tres veces no han salido adelante por ausencia de los partidos del gobierno que no consiguen que convoque el pleno para la elección de nuevo presidente.
PP, Cs y Vox han advertido al socialista López que no puede convocar legalmente plenos ordinarios sin convocar antes el pleno extraordinario que conduzca a la elección de nuevo presidente de la Cámara. O sea, que está fuera de la legalidad porque lo legal es elegir un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente.
De celebrarse cualquier otro, podría ser declarado nulo. Pero López dice que su relevo no toca porque sólo lleva dos años en la presidencia y el mandato es de tres años, olvidando que, subraya El Mundo, la renovación de la presidencia se debe a la toma de posesión de nuevos consejeros electos por el Parlamento andaluz.
Dice la Ley: "La persona titular de la Presidencia será nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno de la Cámara de Cuentas. Su mandato será de tres años y podrá ser reelegida". Está claro que en este caso la reelección no es una opción pero no queda claro el proceso temporal de elección del nuevo presidente.
El Reglamento de la Ley dice: Artículo 25.
1. Finalizado el mandato de la persona titular de la Presidencia, esta seguirá en funciones en su cargo hasta que se produzca la designación y toma de posesión de nuevos Consejeros por el Parlamento; en caso de ver renovado su mandato como Consejero de la Cámara de Cuentas, seguirá en sus funciones hasta la elección, nombramiento y toma de posesión de la nueva persona titular de la Presidencia.
Susana Díaz, la secretaria general del PSOE, acusó ayer de "rebeldes" a los consejeros que representan en la Cámara al nuevo gobierno andaluz y quiere que el Parlamento "restablezca el orden" obligando a la celebración del pleno ordinario para que se apruebe lo que cree beneficia al PSOE, que ya se verá.
Por su parte, el PP considera que el presidente de la Cámara de Cuentas se "agarra" al sillón a pesar de haber expirado su mandato.