Al mismo tiempo que se daba a conocer el comienzo de la vacunación a los 135.000 docentes y no docentes de los centros educativos públicos y se debatía sobre la imposición o no del pin parental, se revelaba en el Parlamento andaluz que en el curso 2019-2020, a pesar de la covid-19, se produjeron 24.000 casos de agresiones, injurias, amenazas y acoso a los docentes andaluces. Si a eso se une que en el 66% de los centros escolares andaluces se produce acoso escolar, según CSIF en datos de 2017, el panorama es sombrío.
Esta cifra fue esgrimida por Ciudadanos para apropiarse de la propuesta de transformación de los docentes andaluces en autoridades públicas mediante una ley que conceda dicha autoridad, la protección consecuente y el reconocimiento de los docentes en Andalucía algo que propuso hace años el Partido Popular, que se ha aprobado en comunidades autónomas como Madrid y que apoya Vox.
Para el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, "los docentes andaluces se merecían desde hace mucho tiempo que reconociéramos su autoridad y su figura", porque "desempeñan un papel fundamental en el sistema educativo y en la educación de los alumnos andaluces", recoge El Mundo.
Mañana miércoles se debatirá el proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado en el Parlamento andaluz. Se trata de "darles las herramientas para la protección jurídica y psicológica, para que ejerzan su función con todas sus facultades" ya que "nunca antes un Gobierno en Andalucía se había decidido a proteger a nuestros docentes".
Fue en este contexto cuando Romero dijo que sólo en el curso pasado, 2019-2020, se habían producido nada menos que 24 mil casos de agresiones, injurias, amenazas y de acoso; "algo que no se puede tolerar en las aulas andaluzas".
La existencia creciente de numerosos casos de agresiones, injurias o amenazas de alumnos o familiares de alumnos a docentes andaluces se conoce desde hace mucho. Pero los hechos no se traducen en denuncias. De hecho, sólo un total de 271 profesores andaluces acudieron durante el curso 2010-2011, hace diez años, al 'Defensor del Profesor', un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas puesto en marcha por el sindicato ANPE en 2005. Ya entonces la cifra suponía un incremento del 33% respecto al curso anterior.
De los 271, 202 casos lo eran debidos a insultos, amenazas, faltas de respeto y casos de acoso. Seguían los conceptuados como falsas denuncias y acusaciones (54), agresiones (11) y daños en propiedades (4). Por provincias, se ha acudido al Defensor del Profesor en más ocasiones en la provincia de Cádiz (64), seguida de Sevilla (57), Jaén (39), Málaga (31), Granada (24), Almería (23), Córdoba (19) y Huelva (11).
En 2016, se contabilizaron 146 agresiones a docentes en Andalucía. Ya en 2019, en un estudio realizado sobre casi 1.000 profesores andaluces se dedujo que el 84% de las profesoras había experimentado algún tipo de agresión, un 19% había llegado a sufrir de forma simultánea agresiones físicas y verbales y un 76% de ellas tenía constancia de que alguna compañera había sufrido estos ataques tanto por parte de padres como de los propios alumnos.
Pero esta es la primera vez que desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a la que hay que suponer fuente de los datos expuestos por Sergio Romero, alude a un número tan elevado, 24.000 casos de violencia contra profesores, en sólo un curso en la Comunidad andaluza, dato que no aparece siquiera en la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley para el reconocimiento de la autoridad del profesorado.
Hace cuatro años, el PP andaluz, con el apoyo de Ciudadanos, entonces sostén del PSOE en la Junta de Andalucía, logró sacar adelante la presentación de un proyecto de ley que pretendía que los profesores fuesen considerados autoridad pública y que incluyera asistencia jurídica y psicológica para los docentes que han sufrido agresiones en las aulas.
Pero el proyecto fue rechazado con los votos en contra del PSOE de Andalucía, Izquierda Unida y Podemos. La Junta de Andalucía de Susana Díaz ya se había manifestado contraria a la iniciativa.