En plena pandemia, con más de la mitad de los municipios confinados (520) desde este miércoles, Andalucía vivió el martes uno de esos días negros en el que lo único que brilla es la corrupción heredada de los gobiernos socialistas. En todos los periódicos de gran tirada, dos casos emergieron: Isofotón, donde hay tres ministros del Gobierno Sánchez en el embrollo y el caso Aznalcóllar, escandalazo del Gobierno de Susana Diaz que, al final, afecta también al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esto ocurría el mismo día en que el gobierno de Juan Manuel Moreno cifraba en 6.000 millones el botín conquistado por los corruptos en los diferentes casos descubiertos y la Junta anunciaba la puesta en servicio de una Oficina contra el fraude y la corrupción dependiente, no del gobierno, sino del Parlamento andaluz.
No había acabado el día cuando La Razón ya se refería a la detención del Lars Broberg, marido de Ángeles Muñoz, referente del PP malagueño y nacional y alcaldesa de Marbella. No era la primera vez que la familia sufría acusaciones, denuncias e insinuaciones pero, claro, ahora es que ha habido una detención sin que la Policía haya dicho otra cosa salvo que se trataba de un asunto bajo secreto sumarial.
Y para fin de fiesta, saltaba el caso salpicante de Vicente Casañ, alcalde de la vecina Albacete, de Ciudadanos, que presuntamente contrató a su propia empresa desde el Ayuntamiento de la ciudad y, además, aprobó publicidad institucional para beneficiarla. Todo esto en plena campaña de las anómalas elecciones catalanas.
Del caso Isofotón, principal empresa andaluza de paneles solares, del que Libertad Digital ha informado oportunamente, hay que destacar que los tres ministros del gobierno Sánchez que están presentes en su trama son María Jesús Montero, de Hacienda; Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, que ha borrado de su currículo oficial su relación con la fotovoltaica andaluza, y Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por cierto que éste ha reaccionado de la siguiente manera a las informaciones que le sitúan en el caso: "¡Qué ruido está armando el PP para quitarse del foco, que no lo puede hacer, en relación con la campaña catalana y con lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional!".
Estamos hablando de un caso que afecta a 37 ex cargos diversos de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE, que el montante en cuestión es de 80 millones de euros en ayudas posiblemente irregulares de las que efectivamente percibió poco más de la mitad.
El quid de la cuestión, trata ABC, está en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía de 2 de julio de 2012 que autorizó el préstamo de 8,4 millones, de la que formaban parte Montero y Planas. Ribera trabajó para Isofotón un mes después de recibir este préstamo. Hasta el momento, los tres están señalados pero ninguno de ellos está imputado.
La fiscal encargada del caso ha pedido a la actual Junta de Andalucía que proporcione el acta de la reunión, que ya tiene El Mundo, y el caso puede ser más escandaloso porque el acta va a ratificar que participaron también en la sesión dos consejeros de Izquierda Unida, Elena Cortés y Rafael Rodríguez, ex consejeros de Obras Públicas y de Turismo y tres exconsejeros socialistas, Antonio Ávila, María del Mar Moreno y Luciano Alonso.
Oficialmente los organismos que consintieron el maltrato de dinero público en el caso fueron la Agencia IDEA, el consejo de administración del Fondo de Desarrollo Empresarial de Andalucía y la aludida comisión delegada. Según la instrucción, hubo negligencia grave "rayana en la intención" en la concesión de las ayudas a una empresa en crisis manifiesta.
En el caso Aznalcóllar, caso complejo que ha ido y venido de los tribunales varias veces por discrepancias entre la Fiscalía, la juez y la Audiencia de Sevilla, aterriza sobre Pedro Sánchez y sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por cuanto el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha decidido imputar a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, nombrado por el presidente del gobierno.
El caso Aznalcóllar, que comenzó afectando al Gobierno de Susana Díaz cuya concesión de las minas de la zona a empresas que fueron denunciadas conllevó la paralización del concurso y un escándalo político, llega de este modo al Consejo de Ministros.
Tras cinco años de vaivenes judiciales, la juez Patricia Fernández ha decidido procesar al mencionado Fernández y a otras ocho personas entre las que destaca la exdirectora general de Minas de la Junta presidida por Susana Díaz, María José Asensio, luego viceconsejera de su Gobierno, y siete personas más entre funcionarios y empresarios beneficiados. El delito del que se les acusa es el de prevaricación.
Oficina Anticorrupción en el Parlamento andaluz
Precisamente el mismo día en el que la corrupción contribuía al ennegrecimiento del ambiente ya oscurecido por las lluvias, la Junta, en el sector de Ciudadanos y Juan Marín, anunciaba la creación de una Oficina con 200.000 euros de presupuesto, que no parece demasiado, para que trate de impedir los fraudes que afectan al dinero público.
La Oficina se incluye en el proyecto de ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante para su debate y aprobación. Según el vicepresidente Juan Marín, impulsor del proyecto, se trata de "limpiar el nombre de Andalucía" tras los años de Gobierno del PSOE.
Marín recordó que "hay dos ex presidentes de la Junta condenados por la justicia por delitos de fraude y de corrupción", en referencia a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes sumó "más de 500 altos cargos procesados por defraudar".
El proyecto, que no quiso asumir el PSOE cuando Ciudadanos sostenía el gobierno de Susana Díaz, va a regular la figura del alto cargo, que "deberán estar libres de cargos judiciales" y puede ser que deban tener dedicación exclusiva aunque podrían compatibilizar el ejercicio del cargo con ocupaciones como "la docencia, la investigación, actividades en organizaciones sin ánimo de lucro".
Marín anunció que la futura norma extenderá su ámbito de vigencia sobre el sector público andaluz, las entidades locales y universidades y también será de aplicación a las empresas adjudicatarias de contratos y de subvenciones, según el relato que ha hecho el vicepresidente y consejero.
"El Gobierno no debe controlar al Gobierno", dijo anunciando que el responsable de la nueva Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción Política será nombrado por el Parlamento por un período de cinco años no renovables, primero por una votación de 3/5 de apoyo de los 109 diputados del Parlamento de Andalucía y después por mayoría absoluta.