La Junta de Andalucía, según su comunicado oficial, ha iniciado el proceso para constituir la nueva Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía, denominada Andalucía Trade, de acuerdo con el informe elevado al Consejo de Gobierno por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
En algunos sectores de la prensa andaluza, tal decisión es considerada como el comienzo del desmontaje del entramado de agencias de los 37 años de gobiernos socialistas, esto es, como el fin de la administración paralela que prometió hace dos años cuando, inesperadamente, Juan Manuel Moreno se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía con Ciudadanos de socio y Vox de contrafuerte.
Pero como El Mundo apunta, se van a fusionar cuatro entes, entre los que está IDEA, la caja pagadora de los ERE, en uno solo que seguirá teniendo una plantilla de 1.386 trabajadores si no hay despidos, lo que parece seguro.
O sea, la nueva Andalucía Trade, según la propia Junta, es sencillamente la reestructuración de otras cuatro anteriores: a famosa agencia IDEA, presente en casi todos los casos de corrupción de la etapa socialista de gobierno, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Fundación Andalucía Emprende.
Como viene dictando el Foro de Davos sobre todo desde la promoción de la tesis de "el gran reseteo" o "reinicio", la Junta asume que la pandemia es una tragedia, pero al mismo tiempo una oportunidad de transformación sin precedentes. Dice la propia Junta que "la irrupción de la pandemia está provocando un importante impacto en todos los ámbitos de la sociedad, acusándose especialmente tanto en la economía nacional como en la andaluza".
Por ello, el año 2020 ha sido el peor ejercicio para el PIB regional, apuntándose una contracción del 10,3%, siete décimas menos acusada que la media nacional, según se desprende del avance del Producto Interior Bruto (PIB) realizado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente de la Consejería de Transformación Económica.
La nueva entidad Trade, que fusiona pero que no reduce ni presupuesto ni personal, quiere centralizar el apoyo al sector empresarial para favorecer la transformación económica, la promoción de las inversiones, la internacionalización, la innovación, el fomento de la I+D+i, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y el autoempleo. O sea, va a ser la "ventanilla única" para el mercado, la inversión y las empresas y "será el nexo de unión para la transferencia de conocimiento entre las universidades, los centros de investigación y el tejido productivo andaluz".
El nuevo organismo dependerá de la Consejería de Transformación Económica, regentada por Rogelio Velasco, filosocialista en origen y buen conocedor de las tramas internas del PSOE. Tras ver torpedeada su simplificación administrativa en Andalucía vía legislativa, pretende ahora simplificar procedimientos, eliminar trabas burocráticas innecesarias, reintroducir el rigor y la transparencia en el estudio de proyectos y la digitalización. Pero todo lo tendrá que hacer con el mismo personal, el mismo que entró de forma irregular en la gestión de la cosa pública andaluza.
Parece que la actual reestructuración pretende aprovechar la crisis de la pandemia para promover un cambio decisivo en la economía andaluza que tiene que parir un nuevo modelo de crecimiento económico que no dependa en exceso del turismo y la construcción, ampliando su aportación creativa a los avances tecnológicos en marcha. Incluso en su texto, la Junta usa palabras contenidas en los textos del Foro de Davos como "innovación disruptiva", uno de cuyos ejemplos es Internet y los cambios que ha originado en diversas industrias y comercios.
La pregunta es si eso se puede hacer con un personal que nunca estuvo, en general, cualificado para hacer algo así, sino que logró su acceso a la administración andaluza pro su cercanía familiar, ideológica o política con el PSOE y sus altos cargos.
La administración paralela sigue en pie
El concepto popular de "administración paralela" de la Junta fue forjado por el resistente Sindicato Andaluz de Funcionarios antes de las grandes manifestaciones contra el enchufismo que implicaban al comienzo de la década de 2010. Era un gran conjunto de personas contratadas sin pruebas suficientes y con importantes indicios d arbitrariedad y sectarismo por parte de los gobiernos socialistas desde Rafael Escuredo en 1982.
Su combinación con una sucesión de ingresos en la administración pública sin oposiciones regladas, la apertura del "interinato", la administración de los "laborales" y otros sistemas fue dando como resultado la aparición de un bloque "paralelo" dentro de la administración pública que trataba de acabar con los controles y frenos que los funcionarios de carrera podían ejercer contra las decisiones de la Junta.
En un resumen recogido por Libertad Digital en 2015, se explicaba que la administración paralela, sus agencias, fundaciones y empresas costaba al erario andaluz nada menos que 7.000 millones de euros anuales en sus 128 entidades y consorcios, siendo una parte importante de los informes sobre esta y otras telas de araña realizados en este medio.
En dicho informe se decía que la administración paralela estaba formada por "cientos de garitos creados para colocar a miles y miles de empleados cuyo acceso ha sido por contratos no públicos, y menos, por oposición. A estos 30.000 hijos de San Telmo los hizo "empleados públicos" Griñán por la Ley del Enchufismo. O sea, los metieron en la Junta a dedo, sin pasar por las oposiciones ni las bolsas de trabajo de los funcionarios interinos. De ahí que sea importante la diferencia entre empleados públicos y funcionarios".
El gobierno de Juan Manuel Moreno, muy especialmente por la posición de Ciudadanos, partido que sustenta al consejero Velasco, se ha negado hasta el momento a reformas sinceras y profundas en esta administración paralela y a recuperar el papel decisivo de los funcionarios de oposición reglada en la Junta de Andalucía. Con ello evita una guerra abierta con el PSOE andaluz pero se cierra la puerta de unos cambios necesarios para conseguir los objetivos que dice perseguir con esta reestructuración.