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Andalucía

Adelante Andalucía acusa al alcalde de Granada de alentar la xenofobia por denunciar el tráfico de inmigrantes

El PSOE andaluz guarda un silencio absoluto sobre dicho tráfico y Vox exige la intervención de la Fiscalía.

El PSOE andaluz guarda un silencio absoluto sobre dicho tráfico y Vox exige la intervención de la Fiscalía.
El alcalde de Granada, Luis Salvador. | Europa Press

Fue la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto —la que logró la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario y aliada política de Pablo Iglesias en Andalucía—, la que dijo este miércoles que las palabras del alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), pueden "alentar la xenofobia y sentimientos de rechazo contra población vulnerable y víctima de miles de problemas que les han llevado a emprender la huida de su país", y que necesitan del "apoyo" de la sociedad que les acoge.

Sabido es cómo el alcalde granadino criticó con dureza al traslado en avión a esta ciudad andaluza de unos 200 inmigrantes desde Canarias sin que se supiera, según testimonio del Sindicato Unificado de Policía, si se hicieron las pruebas de detección de la covid-19, sin saber quien los remitió y quién los recogía porque, al llegar al aeropuerto, salieron libremente por las calles de Granada.

Luis Salvador dijo que nadie se dirigió al ayuntamiento para explicar que este traslado se iba a producir y tampoco "a dónde van" o "dónde van a ser acogidas" estas personas, si vienen o no con PCR ni cómo se garantizan las medidas de seguridad frente a la covid-19, recordando la vigencia del toque de queda y el cierre perimetral que existe en cada uno de los municipios de la provincia de Granada.

Y añadió: "Sólo sabemos que llegó un avión, que nos enteramos por Whatsapp (...) cuando le pregunté a la subdelegada (del Gobierno en Granada, Inmaculada López) si eso era verdad o una fake news —ha dicho en relación al vídeo difundido por el SUP— me respondió que sí, que habían venido pero que podían circular por todo el territorio español porque eran ciudadanos libres".

Pues la cara visible de Podemos e IU en Andalucía, Inmaculada Nieto, afirmó que declaraciones como las del alcalde de Granada están "fuera de lugar por parte de un representante público que debe hacer cualquier cosa menos alentar la xenofobia y sentimientos de rechazo contra población vulnerable", recoge Europa Press.

Según Nieto, "la crisis que se está produciendo en Canarias es una crisis humanitaria, y la necesidad de atender a estas personas es un imperativo legal, de derechos humanos, de conciencia moral, de ética, de política y absolutamente fuera de debate en una sociedad que se quiera tener respeto a sí misma".

Estas personas, añadió Nieto, "no vienen de vacaciones, no están aquí por gusto, sino que vienen huyendo de tragedias que, si no se produjeran en sus países, evidentemente no les provocarían la necesidad de marcharse aún a riesgo de perder la vida en la huida".

El SUP pide una reunión con Escrivá

El SUP pidió también este miércoles una reunión urgente con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el "efecto llamada" que provoca el traslado de inmigrantes de Canarias a varios puntos de la Península, Granada entre ellos. Igualmente, quieren que se confeccione un protocolo único para evitar contagios de los agentes.

El sindicato tiene constancia del traslado de inmigrantes desde Canarias a Granada, Sevilla y Málaga, pero ni se sabe cuántos han sido los remitidos ni cuántos pueden serlo en los próximos días. Tampoco se conoce su estado de salud ni certificado alguno que lo refleje. Tampoco se sabe si alguna ONG ha organizado estos desplazamientos y ha recordado que a 30 de noviembre el número de inmigrantes llegados a Canarias era de 19.566, con un aumento del 881,7% respecto al año anterior.

Del silencio del PSOE a las dudas de Vox

El silencio del PSOE andaluz hace que toda la información socialista se derive de las declaraciones del Gobierno, que ha negado que haya organizado ni gestionado traslados de inmigrantes. En concreto, las explicaciones de la subdelegada del gobierno en Granada, Inmaculada López, han sido calificadas de "cinismo absoluto" por el PP granadino.

La explicación de López ha sido que los inmigrantes, tras permanecer 72 horas bajo custodia policial, quedan en la más completa libertad y con sus papeles en regla, pueden moverse por el territorio nacional y que ha sido "con sus recursos propios" con los que se han trasladado a la Península en aviones comerciales.

El PP ha subrayado que se supone que la subdelegada "es conocedora de las restricciones de movilidad existentes en la provincia y en la comunidad autónoma y que impiden a los granadinos hasta el desplazamiento entre municipios". Tras ello, anunció una petición de comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados por el tráfico de inmigrantes con "nocturnidad y alevosía".

El PP de Granada exige a la representante del gobierno en la provincia que diga "dónde y en qué condiciones están" los inmigrantes que llegaron a Granada. Añade que "nadie entiende" cómo se ha realizado dicho trasladado sin que, ni el Ayuntamiento de Granada ni la Junta de Andalucía, tuviesen conocimiento y hayan tenido que enterarse de lo sucedido "a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, "una deslealtad absoluta" por parte del Gobierno de España.

Ciudadanos pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "frivolidad" que está demostrando ante la crisis de los inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias y algunos de los cuales han sido trasladados a Andalucía. Eso sí, antes de hacerlo, debería dar explicaciones por su "grandísima deslealtad" con Andalucía y por haber dejado "desamparados y abandonados a su suerte a muchos inmigrantes, unos 200, que no sabemos ahora donde están".

Vox, por su parte, no cree las protestas de la Junta ante estos traslados de inmigrantes porque es algo que lleva ocurriendo desde el mes de noviembre en que han llegado expediciones a Sevilla y Málaga sin que hasta la denuncia de los últimos días se hayan pedido explicaciones.

La Fiscalía, según Vox, debe intervenir ya para investigar la legalidad de estos desplazamientos bajo la presunción de que se han podido cometer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la salud pública. Además, debe investigar si estos viajes han sido organizados por alguna ONG subvencionada con dinero público mientras "los españoles no pueden desplazarse a otra localidad para visitar a sus padres".

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