La Cámara de Cuentas andaluza expone las irregularidades del gobierno de Susana Díaz en contrataciones

Tras asegurar inicialmente que, salvo las irregularidades que se señalan, en opinión de la Cámara de Cuentas de Andalucía, la actividad contractual desarrollada por los órganos de contratación de las Consejerías de la Junta de Andalucía fiscalizadas resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable, a continuación se explaya en subrayar las irregularidades detectadas durante 2016 y 2017, últimos años de gobierno de Susana Díaz, que perdió las elecciones en diciembre de 2018.

Como siempre, la actividad fiscalizadora se centra en un muestreo aceptado de casos sobre los que se emite la opinión del ente de control. Se trata en este caso de los contratos por importe de más de 2.700 millones de euros por año (2016-2017) y de subvenciones nominativas sobre un total de 200 millones de euros.

De hecho, como se dice en el informe, el número total de contratos adjudicados por la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que conforman el Sector Público Andaluz durante el año 2016 fue de 91.670, por importe de 2.789,22 millones de euros. Durante 2017 se han formalizado menos contratos, 86.715 por un importe total de 2.750,18 millones de euros.

Es de gran interés conocer que son las agencias administrativas -administración paralela- las que acaparan, con diferencia, el mayor volumen de contratación al formalizar el 80,09% del número total de los adjudicados en 2016 y el 65,30% del importe total realizado. En 2017 se cifran en el 74,57% —en cuanto al número de contratos formalizados— y en el 63,44% —atendiendo a la cuantía que representan los mismos—.

En cuanto a los contratos menores fueron 87.477, un 95,43% del número total de los adjudicados por el sector público Junta de Andalucía en el ejercicio 2016 y un 27,92% del importe global invertido en dicho ejercicio. Estos porcentajes ascienden respectivamente al 94,38% y al 26,73% en el ejercicio 2017.

Las agencias administrativas "paralelas", y en particular el Servicio Andaluz de Salud, son las entidades que tramitan el mayor volumen de estos contratos al formalizar el 82,65% del número total de contratos menores adjudicados en 2016 por el Sector Público Andaluz y el 80,07% del importe total realizado en esa contratación. Estos porcentajes descienden en 2017 al 77,64% y al 73,60% respectivamente.

Sobre ellos, en todos estos contratos y del muestro la Cámara de Cuentas concluye lo siguiente:

• El 14,29% (10/70) de los contratos fiscalizados no justificó la imposibilidad o la decisión de no dividir en lotes el objeto de los contratos, incumpliéndose la regla sobre contratación pública.
• El 58,26% (67/115) de los contratos fiscalizados presenta carencias en la justificación y motivación técnica de la elección de los criterios de adjudicación que serán tenidos en cuenta en la adjudicación de los contratos.
• El 18,26% de los contratos analizados (21/115) no contiene un desglose justificativo de los importes en los que se descompone el presupuesto de licitación o no contienen elementos que permitan justificar la cuantificación de los importes presupuestados.
• El 14,78% (17/115) de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) empleados por los centros gestores utilizan criterios de adjudicación que deben valorarse en la fase de selección y no en la de adjudicación del contrato.
• El 7,83% (9/115) de los PCAP analizados incluyen como criterios de adjudicación conceptos que no son propiamente criterios de valoración de oferta semejantes aceptables.
• El 13,04% de los PCAP configuran incorrectamente el criterio de adjudicación de "mejoras".
• En el 62,50% (15/24) de los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad no queda convenientemente motivada la utilización de ese procedimiento.
• Y, entre otros, en el 30,88% de los contratos menores de obras y de servicios adjudicados en 2016 por las Agencias Públicas Empresariales se optó por tramitar varios expedientes pese a tratarse de prestaciones similares que pudieron englobarse en un único expediente que integrase el conjunto de las prestaciones individuales.

En la interpretación de El Mundo, "el Gobierno andaluz, durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta, incurrió en un sinfín de irregularidades en la contratación pública, en la que proliferó el uso de los contratos menores o a dedo no siempre debidamente justificados, vulnerando así la ley".