Lo hizo ayer en unas Jornadas sobre Integridad Pública organizadas por la Universidad de Sevilla. Desde el triunfo del "cambio" a finales de 2018, se estaba esperando algo parecido a una mejora del funcionamiento de la democracia en Andalucía, muy deteriorada por los usos y costumbres del "régimen socialista" instalado en la región desde hacía casi 40 años.
Según el responsable de tal tarea, que es vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, el año 2021 será el del "compromiso" del Gobierno andaluz con la regeneración democrática que muchos esperaban. Curiosamente, en la web de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía no hay ni una mención al acontecimiento ni a las medidas propuestas por Marín.
Marín se refirió principalmente a cuatro medidas: una Ley de Evaluación de las Políticas Públicas, la Oficina contra el fraude y la corrupción, el Estatuto que regulará el perfil y la formación de los directivos de los entes instrumentales y la reordenación del sector público andaluz.
Marín, recoge Europa Press, se consideró consciente de que una de las principales causas que hizo posible el cambio político en Andalucía "fue precisamente el hartazgo de los ciudadanos por los muchísimos casos de corrupción que en los últimos años habíamos venido sufriendo…"Éramos conscientes de que nuestro éxito o fracaso dependía de si éramos capaces de trasladar un mensaje de confianza en las instituciones públicas", dijo.
Consecuencia de esta necesidad fue la puesta en marcha de un área, controlada por la Vicepresidencia que asumió el propio Marín. Dos años después de las elecciones de 2018, ha justificado el retraso de su tarea regeneradora por la presencia de la covid-19, que ha relegado a un segundo plano muchas de las actuaciones.
Pero el trabajo ha continuado y, fruto del mismo, es el anteproyecto, casi finalizado, de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, algo realmente importante porque hasta el momento quien denuncia la corrupción es perseguido como demuestra, por ejemplo, el caso de Roberto Macías, denunciante de las irregularidades perpetradas por UGT y a quien la central sindical ha perseguido judicialmente hasta lograr una condena. Se espera su remisión al Parlamento para el primer pleno de 2021.
En una nota de la Junta se dice además que se quiere aprobar un Estatuto del personal laboral que ejerce funciones directivas en las entidades instrumentales, la antigua administración paralela que sigue existiendo en gran medida, porque era inexistente hasta el momento y donde predominaba el nombramiento a dedo y el enchufismo sin control.
El nuevo Estatuto regulará el perfil que deberán cumplir los directivos de estos entes y someterá su gestión a una evaluación de las tareas de su cargo según los objetivos y sus cumplimientos, algo que condicionará incluso sus retribuciones. Incluso podrán ser destituidos en caso de no cumplir con los fines para los que fueron nombrados. A eso se sumará un Código de Buen Gobierno que se pondrá en marcha a principios de 2021.
Además, habrá por fin resultados de las auditorías independientes para 54 entes, que se conocerán en el primer trimestre de 2021. Se sigue la revisión de los entes instrumentales, de los que ya se han suprimido 48 que estaban participados por la Junta, especialmente las 33 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, consideradas un "coladero" de enchufados tanto de PSOE como de IU como de UGT y CCOO. También habrá Estatuto del Personal Laboral con la intención de que la meritocracia reemplace a la dedocracia sin intervención de los partidos políticos.