El PSOE de Utrera aceleró el desahucio y derribo de la casa de una familia vulnerable

El PSOE de Utrera, que preside la numero 2 del Ministerio de Sanidad, Silvia Calzón, aceleró el desahucio que el pasado día 13 de noviembre ejecutó contra la familia Antúnez que había vivido en la casa cedida en "negro" por el Ayuntamiento durante 33 años. Es más, el alcalde socialista, José María Villalobos Ramos, ordenó el derribo de la vivienda el propio día del desahucio sin esperar a la resolución del recurso judicial pendiente.

Las razones de esta insólita diligencia en la ejecución de una medida tan extrema fue la decisión del pleno municipal, que domina el PSOE, de llevarla a efecto, sustentada en la decisión de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 7, que lo consideró ajustado a derecho. Pero el juzgado daba dos meses de plazo, desde el 13 de noviembre al 13 de enero, para proceder a la ejecución de modo que se facilitase a la familia afectada encontrar una solución al problema sin quedar en la calle sin más. El ayuntamiento no esperó ni un día para desahucio y derribo.

El gobierno de Villalobos tenía interés en proceder al desahucio de familia que, por si fuera poco, presenta una vulnerabilidad acentuada por la incapacidad laboral de Ángel Antúnez, el cáncer de su esposa Rosario Jiménez y la discapacidad de uno de sus hijos que va en silla de ruedas. De hecho, la enmienda que va a apoyar el propio PSOE al proyecto de ley de Presupuestos impide desahucios como el perpetrado en Utrera.

Dicha enmienda, presentada por Unidas Podemos, Bildu y Esquerra, impide expresamente el desahucio de familias vulnerables de sus viviendas. De hecho, en el texto final de la enmienda se dice:

Hasta el 31 de diciembre de 2022, en la tramitación de cualquier resolución judicial firme del procedimiento de desahucio: a) por impago de rentas, b) por expiración del contrato de arrendamiento…y, en el caso de que el propietario de la vivienda sea una persona jurídica o un gran tenedor de viviendas…en estos cinco supuestos, la persona que se encuentre en posesión de la vivienda podrá acreditar ante el Juzgado que carece de una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, circunstancia que será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento hasta, al menos, el fin del estado de alarma.

De estar aprobada ya esta enmienda, el desahucio municipal, ocurrido cuatro días antes de su presentación, no habría sido posible. La enmienda fue presentada en el Congreso de los Diputados el día 17 de noviembre y corregida en detalles que no afectan a los desahucios al día siguiente.

Dado que el Ayuntamiento de Utrera gobernado por el PSOE no había cumplido el plazo legal para la ejecución de las obras subvencionadas por Diputación de Sevilla, el Gobierno central y el Consorcio de Aguas del Huesna, se aprovechó de la ampliación del plazo de ejecución decidido con motivo de la pandemia. Las obras, en todo caso, debían efectuarse antes de final de diciembre para no perder la subvención. Por ello, el PSOE de Utrera necesitaba el desahucio de esta familia vulnerable y el derribo de su casa para que no hubiera reversión posible.

Como ya informó Libertad Digital, la caseta de guarda de las instalaciones feriales de la ciudad fue cedida de manera "negra", sin contrato ni escrito alguno, a la familia de Ángel Antúnez, funcionario municipal, y Rosario Jiménez, desde hace 33 años, para que ella se hiciera cargo de las labores de mantenimiento, limpieza y puesta a punto de unas instalaciones que el Consistorio utrerano alquilaba para celebraciones diversa. A cambio, Rosario Jiménez recibía una cantidad de dinero en negro desde entonces.

Dado que Silvia Calzón, la actual secretaria de Estado de Sanidad, es miembro del Gobierno que anunció que apoyaría la enmienda de Podemos, Esquerra y Bildu sobre desahucios y al tiempo sigue siendo la presidenta del PSOE de Utrera, parece sorprendente que no interviniera para parar el desahucio.

Además, Calzón había sido concejala de Festejos del Ayuntamiento de Utrera por lo que tenía que conocer de primera mano todo lo que ocurría en el recinto ferial y, naturalmente, la situación de la familia de Ángel Antúnez, que fue Coordinador de Festejos durante sus mandatos.