El caso Jeremie, acrónimo de expresión inglesa Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, estalló en 2015 cuando la Fiscalía Anticorrupción instó al juzgado correspondiente, el 5 de Instrucción, para que abriera una investigación sobre el Fondo Jeremie, dotado con 235 millones de euros, de los que 165 fueron aportados por los fondos Feder de la Unión Europea y el resto por la Junta de Andalucía, vía, cómo no, de la Agencia IDEA.
Ahora, según la información recogida por Diario de Sevilla, la juez responsable, Beatriz González, ha abierto un total de 14 piezas separadas para investigar las ayudas de los fondos europeos Jeremie que se concedieron por un importe total de 185 millones de euros en el período 2007-2013. Han pasado cinco años durante los cuales se ha digitalizado todo el sumario y se han recibido informes decisivos.
La nueva macrocausa está relacionada y se deduce de otra, la de los avales y préstamos de Invercaria. Fue en octubre de 2015 cuando un informe de la UDEF subraya numerosas irregularidades en las ayudas concedidas a la empresa Kandor Graphics y otros 17 proyectos por un importe total de 67 millones de euros procedentes de los Fondos Jeremie.
El caso es llamativo por cuanto el responsable de la sociedad pública andaluza, Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), Mariano Sánchez Pobre Bejarano, que concedió el dinero, fue nombrado, al día siguiente de su cese al frente de la agencia pública, nuevo director de Kandor Graphic que había recibido 5 millones de los Fondos Jeremie.
La empresa Kandor Graphics, dedicada a la producción y realización de películas, había recibido, además, 1,5 millones de Invercaria y otros 2,4 del Ministerio de Industria que eran incompatibles con otras ayudas percibidas. Como era habitual, la Policía subrayó que las ayudas concedidas por Invercaria fueron dadas irregularmente y sin procedimiento adecuado alguno.
Como destacó El Mundo en su día, podrían verse afectados por este caso los presidentes del Gobierno andaluz José Antonio Griñán y Susana Díaz. Además, habría responsabilidad añadida en el caso de que hubieran participado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que ratificaba las ayudas. En un caso al menos, el de la ya citada Kandor Graphics, la policía detectó que dicha comisión no pudo ratificar la ayuda de 5 millones concedidos porque no se sometió a dicho trámite.
Otra empresa, Bogaris, que recibió 10 millones, había contratado como asesor a Iván Chaves, hijo del expresidente Manuel Chaves.