La justicia española considera que las viudas y huérfanos de los terroristas yihadistas tienen derecho a recibir una pensión del Estado. Así lo ha considerado en los últimos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha ratificado la petición de una mujer de Ceuta y sus dos hijos, cuyo marido se hizo estallar en Siria tras haberse unido a una de las filiales de Al Qaeda en el país.
La mujer había solicitado la pensión a la Seguridad Social y el organismo le había dicho que tenía derecho a la misma pese a las "execrables circunstancias en que se produjo el fallecimiento" de su marido. Sin embargo, había una discrepancia: la fecha a partir de la cual el marido estaba dado por muerto y, por tanto, a partir de qué momento le correspondía la pensión tanto a la viuda como a los vástagos del terrorista.
La Seguridad Social mantenía que desde la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil (año 2017), mientras la viuda quería que fuese desde la fecha del atentado en la que se explosionó su marido (año 2012). Según informa el Diario de Sevilla, el alto tribunal andaluz ha dado la razón a la mujer y ordena que se haga desde 2012, ya que hay una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, que confirma la muerte en el atentado de 2012.
La pareja había contraído matrimonio en el año 2009. Tres años después, el yihadista, que en ese momento trabajaba como taxista en la ciudad autónoma de Ceuta, desapareció para viajar hasta Siria y unirse al Frente al Nusra, que era la filial de Al Qaeda en la guerra civil siria. Poco después de su desaparición, que fue el 7 de abril de 2012, actualizó sus redes sociales para anunciar que iba a convertirse en un hombre-bomba.
Los datos de la Audiencia Nacional indican que el yihadista, que tenía 33 años en aquel momento, se inmoló en junio de ese año, conduciendo un camión cargado de explosivos que se estrelló contra un cuartel del Ejército sirio. En ese atentado fallecieron al menos 130 personas.