Andalucía se ha encendido y nadie sabe cómo ha sido, pero se veía venir. La inoperancia de la oposición del PSOE con la debilidad manifiesta de Susana Díaz y la reyerta a puñalada limpia en la izquierda extrema, ha permitido que, durante meses, el gobierno de Juan Manuel Moreno –PP, Cs y Vox sumando sin cesar–, se haya consolidado. Lo ha hecho tanto y en condiciones tan adversas (desde la listeriosis a la falta de dinero en plena crisis socioeconómica) que algo había que hacer porque podría seguir gobernando tras las elecciones de 2022.
En ayuda de la oposición ha venido la covid 19 y una segunda ola esperada pero imprevista. En los titulares de hoy de la prensa regional indican que se ha vivido ayer un pico 1.551 infectados con un total de 53.721 y 12 muertos y que la cifra de hospitalizados asciende a 1.019 personas, 87 más que hace una semana, si bien los ingresos en las UCI se quedan en 136, 15 más que hace siete días. No es como en marzo, pero la inquietud crece.
Hasta tal punto aumenta que el presidente Moreno ha tenido que situar a Madrid en el centro de sus preocupaciones, con Isabel Díaz Ayuso en el ojo del huracán, a pesar de su apoyo verbal. Dado que Madrid tiene cinco veces más casos de contagio que Andalucía, la Junta ha dejado caer que va a controlar la llegada y presencia de madrileños y que monitorizará sus visitas a las segundas residencias en Andalucía. No ha pedido como Quim Torra que los andaluces no viajen a Madrid, pero…
Entre las actuaciones que inquietan, se sitúa la de someter a una operación de test rápidos de antígenos en las poblaciones de Casariche (Sevilla) y Lucena (Córdoba), ambas en una situación comparativamente mucho más grave que los municipios más afectados de Madrid. No son las únicas alarmas porque en Linares (Jaén), La Algaba (Sevilla) o Cuevas de Almanzora también están en situación alarmante, como subraya El Mundo. La Junta ha comprado dos millones de estos nuevos test rápidos que permiten obtener resultados fiables en unos 15 minutos detectando la actividad de la infección.
De los ERE al caso Halsa pasando por Isofotón
El principal de los escándalos vividos en Andalucía en este tiempo ha sido el pacto opaco entre la juez Núñez Bolaños, instructora hasta ahora de las macrocausas de la corrupción socialista, y el poder judicial, tanto nacional como andaluz, por el cual la titular de la instrucción deja de practicarla y la cede a su juez de apoyo, José Ignacio Vilaplana.
Es anómalo que la titular de un juzgado de instrucción delegue sus casos principales en un juez de refuerzo y permite que las partes recurran por su derecho a ser tratados por el "juez natural". Nadie sabe cómo ha sido, ni por qué, pero la juez Núñez Bolaños ha desertado de la instrucción penal de la corrupción. Es el penúltimo escándalo que surge del caso ERE y que puede dar un giro inesperado a todos los casos, dada la diligencia mostrada por el juez Vilaplana.
Ya informamos de la nueva erupción del caso Isofotón, otro caso que afecta al PSOE de manera directa. El PSOE de Andalucía está tratando de desviar las consecuencias de un caso que afecta a dos gobiernos socialistas, el de José Antonio Griñán y el de Susana Díaz. Apela a la legalidad de las actuaciones de la Junta, aunque la Fiscalía ha mostrado que ocultaron información de los expedientes de ayudas concedidas a la empresa malagueña a los órganos judiciales. Total, sólo 43 millones de euros.
El problema para el PSOE es que se limita a repetir que todo fue legal mientras que la documentación y el estudio de la Fiscalía es iluminador. Por ese camino, no podrá sortearse el obstáculo. De momento, el PP ya ha pedido que sea la propia Susana Díaz la que dé explicaciones.
Y otro caso, no nuevo, pero sí renovado es el caso Halsa u Operación Terminus, según, que, en este caso, como recuerda Confidencial andaluz, afecta a la cabeza del PP de Almería con ramificaciones varias pero asimismo, aunque en menor medida, a la cabeza del PSOE de Almería.
Se trata de un caso sobre el que se informó ya en 2013 y que ha dormido un sueño judicial hasta ahora que la UDEF ha terminado un informe la Caja B de Halsa, una importante constructora almeriense, hallada por un exempleado en un contenedor de basuras. Entre sus papeles aparece una relación económica con políticos del PP almeriense. Ahora tras años de instrucción y sumario, el escándalo vuelve a estallar.
El PSOE afirma que esta trama de corrupción en Roquetas de Mar, localidad de la que es alcalde el eterno presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, es la "punta del iceberg de una caja B del PP andaluz". Es la declaración que Diario de Sevilla ha recogido del portavoz adjunto de los socialistas andaluces, Manuel Jiménez Barrios, que habló incluso del "Estilo Bárcenas".
Lo cierto es que hay un informe de la UDEF que denuncia irregularidades en la concesión de más de 60 contratos del Consistorio almeriense a la constructora Hispano Almería (Halsa) y que considera confirmado que la empresa, no el PP, puso en marcha una contabilidad B para gratificar tales contrataciones concedidas entre 2000 y 2010.
Traduce el PSOE que se está sacando a luz "una década de corrupción del PP con comisiones ilegales de empresarios a políticos y funcionarios" y la asocia al actual gobierno de Juan Manuel Moreno con el eslabón de José Cara, un alto cargo de la Consejería de Agricultura donde manda la "amatysta" Carmen Crespo. El PSOE vincula a Moreno e incluso a Javier Arenas con esta trama y ha afeado a Juan Marín, líder de Ciudadanos, que calle ahora con lo que ha hablado en los escándalos relacionados con el PSOE.
Lo que no aclara el PSOE es el papel jugado por algunos de sus miembros que llegaron a recibir dinero de la empresa para un concurso de misses. Tampoco queda claro por qué el PSOE de Almería, dirigido por José Luis Sánchez Teruel, "no puso demasiado entusiasmo a la hora de denunciar la trama Halsa en el juzgado, cosa que finalmente forzó el PSOE de La Mojonera. Muchos en su partido recordaron que su hermano había sido auditor de la empresa Halsa", se cuenta en Confidencial Andaluz.
Y dos obras de teatro, bufo y esperpento
Una bufa, la de la investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía sobre la contratación de 159 interinos por parte de la Junta de Andalucía en plena pandemia y por razones de necesidad. Según la denunciante Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, el nombre es el espejo del alma, considera que se ha discriminado a las mujeres embarazadas, a pacientes crónicos y a los mayores de 60 años.
Lo bufo es que durante casi 40 años el PSOE andaluz ha colocado, contratado y situado a miles de afines en la Administración andaluza, muy especialmente por el procedimiento de la contratación de interinos, sin que se produjeran denuncias de relieve que tuvieran eco en la Fiscalía.
Y lo esperpéntico, la concesión del honor de Hijo Predilecto de Sevilla a Alfonso Guerra que tuvo lugar ayer. Por una parte, parece un disparate que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espada, no concuerde con nadie tales distinciones, lo que ya es de nota cuando afecta a la sensibilidad de toda una capital.
Pero lo más mamarrachero es que desde la propia izquierda, vía Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, relacionada con el podemismo más radical se haya intentado evitarlo. Ni el PP ni Vox, que se ha abstenido, se han atrevido a tanto.
Sus razones han sido "la vinculación del sujeto con el primer gran caso de corrupción política española desde la Transición, protagonizado por su hermano, Juan Guerra González" y el terrorismo de Estado mediatizado por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) entre 1983 y 1987" e incluso su complicidad "la participación de España en la Primera Guerra de Golfo".
En el escenario, Alfonso Guerra habló de Sevilla como paraíso y de la poesía contenida en el nombre de sus calles. Genio y figura acompañado en la predilección por el arzobispo Asenjo. Balanza de precisión.