El acuerdo parlamentario para la recuperación andaluza tras la covid 19, en la cuerda floja

No parece sencillo que en la Comisión sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia de la covid-19 creada en el Parlamento alcance un acuerdo durante el día de hoy. Ya no es sólo que al estar presidida por Manuel Gavira, de Vox, la izquierda quiera impedir todo éxito de la misma. Es que además PP, Cs y Vox han exhibido sus diferencias.

Hoy va a tener lugar el debate y la votación del dictamen final de la misma que fue elaborado por el mencionado diputado de Vox y presidente de la Comisión. Al tiempo que PP, Cs y Vox acusan a PSOE y Adelante Andalucía de haber intentado poner palos en las ruedas de la comisión o tomarse unas largas vacaciones para no aportar nada. Los tres partidos que sostienen el gobierno van a tener que consensuar 82 enmiendas al texto oficial propuesto por el presidente de Vox.

PP ha presentado nada menos que 44 enmiendas y Cs ha hecho lo propio con 38. El plazo para registrar las enmiendas terminó el viernes, 28 de agosto, a las 14,00 horas y la sesión para la votación final arrancaba el pasado lunes a las 10,00 horas, pero fue suspendida hasta este jueves. La Comisión debe terminar sus trabajos antes del 25 de septiembre.

El presidente de la Comisión presentó su dictamen final el pasado 24 de agosto y en él se recogían más de 500 medidas, agrupadas en 16 bloques, con demandas tanto al Gobierno andaluz como al Ejecutivo central, en un documento compuesto por 87 páginas.

Pero las enmiendas presentadas dan fe de las diferencias. En las referidas a la Junta, el PP no quiere que se hable de centralización de decisiones en el ámbito sanitario y defiende, como es conocido, mecanismos de coordinación. Tampoco quiere que se incremente e incluso se estabilice la plantilla del personal sanitario, muy aumentada a causa del coronavirus, aunque admite que se incrementen determinadas infraestructuras sanitarias.

El PP prefiere un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de todos los sanitarios y equiparación profesional con el resto del territorio nacional, así como incrementar las medidas conducentes a la conciliación laboral, o modificar el modelo de carrera profesional más adaptada a la práctica diaria.

Sobre reactivación económica, el PP-A va a proponer una ley andaluza de Industria, que se perfeccione la ley de Segunda Oportunidad para apoyar a los autónomos, que se impulsen centros para empresas emergentes y apoyar a los medios de comunicación. Igualmente, no acepta un Plan andaluz de Natalidad.

El PP trata que se enmiende el texto final del dictamen sobre la violencia intrafamiliar, pide apoyo para las residencias de mayores, un plan para la no discriminación del colectivo Lgtbi y continuar dando prioridad al Pacto de Estado contra la violencia de género.

Las medidas que afectan al Estado, el PP exige que los fondos se repartan bajo criterios de eficiencia, que se racionalice el gasto y que haya ecuanimidad en el trato a todas las comunidades. Sin embargo, quiere que se elimine que se abra un debate sobre la redistribución y recuperación de competencias por parte del gobierno central. Tampoco quiere que se hable de un plan nacional de natalidad o de alternativas al sistema de pensiones.

Ciudadanos, que subraya la unidad de España, indisoluble e indiscutible y la solidaridad entre sus regiones, no quiere oír hablar de poner en cuestión la actual organización territorial del Estado, aunque sí que se mejore la financiación del sistema sanitario andaluz.

Como el PP, se opone al desarrollo de un "Plan andaluz de natalidad" que acabe con el "suicidio demográfico" que aparece en el texto y a todo plan nacional sobre el tema.

Sobre los menores no acompañados que llegan a las costas andaluzas, recoge Europa Press que Cs pide suprimir el punto referido a "facilitar a los menores no acompañados el regreso a su hogar, para evitar situaciones de desarraigo, aislamiento y otras consecuencias adversas para los mismos".

Quiere además que el texto apruebe la elaboración de una estrategia para la erradicación de la violencia de género, con carácter permanente, que se revisará y actualizará periódicamente, que contenga un diagnóstico sobre la situación de la violencia de género, una planificación de los objetivos a alcanzar y las actuaciones a desarrollar. También se propone un plan de prevención de la violencia de género específico para mujeres con discapacidad.

El aperitivo ha sido ya la polémica entre PSOE y Ciudadanos sobre el dinero recibido por Andalucía del fondo covid con destino a educación. Mientras Juan Marín, líder de Ciudadanos, considera insuficiente los 383,8 millones recibidos, un 20 por ciento del total de los 2.000 previstos, el PSOE lo considera muy adecuado y exige que se contraten más profesores con cargo a este fondo.

Igualmente late en este debate sobre la recuperación en el que la izquierda no quiere estar presente, la actitud del PSOE y Adelante Andalucía sobre los próximos presupuestos andaluces que ya Susana Díaz ha condicionado al apoyo de Pablo Casado a Pedro Sánchez en las cuentas nacionales y en el alejamiento de Vox.