Las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz apenas han tenido éxito en toda la historia parlamentaria desde 1982. No sólo se han constituido pocas, sino que, desde el comienzo, fueron desactivadas. El primero en tratar de acabar con lo que podría haber sido un papel político relevante en estos mecanismos parlamentarios fue Manuel Chaves, y ha sido Manuel Chaves el que, gracias al archivo de la denuncia sobre su espantá, ha logrado reducirlas a la nada política.
Empezando por el principio, recordemos que en la legislatura de 1994-1996, en pleno proceso de reforma democrática impulsado por el PP e IU, la llamada "pinza" por el PSOE, se exigieron y se consiguieron probar dos comisiones de investigación: una, sobre el impago de un préstamo de la Caja de Ahorro de Jerez a 32 dirigentes socialistas de Cádiz, Manuel Chaves entre ellos, que "desapareció" de la contabilidad y el sistema informático de la entidad.
La otra, sobre el "milagro" inexplicado ocurrido en julio de 1986. Ocurrió en julio de 1986. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.
Cuando Manuel Chaves ganó las elecciones de 1996 pudo gobernar con la ayuda del Partido Andalucista y entre los dos lograron que tales comisiones de investigación, que se extinguen con la legislatura, no fueran constituidas nuevamente.
Ahora, con la decisión del Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla de considerar impropia y no adecuada la denuncia sobre la espantá que Manuel Chaves dio en la Comisión de Investigación de la FAFFE, la famosa fundación para la formación donde aparecieron tarjetas black usadas en puticlubs.
Aquella denuncia fue presentada para que el comportamiento de Chaves en aquella Comisión fuese condenable. Recuerden que Chaves, nada menos que expresidente de la Junta de Andalucía desde 1991 a 2008, fue a la Comisión, habló lo que quiso y luego se levantó y se fue sin atender las indicaciones del presidente de la Comisión ni de nadie.
Si ese insólito comportamiento quedaba impune, entonces cualquier testigo citado a declarar ante cualquier Comisión de Investigación podría hacer lo mismo. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido, reduciendo este tipo de organismos parlamentarios a la inutilidad política.
En el auto del pasado 2 de junio, la juez de Instrucción número 12 de Sevilla, teniendo en cuenta la petición de la Fiscalía de Sevilla, el sobreseimiento libre de las actuaciones, decisión que sido recurrida por Vox, el mismo partido que denunció los hechos.
Según la Fiscalía, no hay delito alguno en la conducta de Chaves porque lo único que castiga la Ley (artículo 502 del Código Penal) en estas Comisiones es que los citados no comparezcan o que los declarantes comparecientes mientan. Chaves, compareció y se largó sin declarar y, por tanto, sin mentir.
Tras ese comportamiento, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, exconsejeros de la Junta y diputados del PSOE, hicieron lo propio y presumiblemente eso es lo que harán en lo sucesivo todos los citados a los que no interese declarar.
Eso fue lo que propició el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero que dijo que los dos parlamentarios denunciados por el mismo comportamiento comparecieron, dijeron lo que quisieron y luego se levantaron y se fueron sin hacer caso de las indicaciones de la presidencia de la Comisión y sin responder a las preguntas de los miembros de la Comisión. O sea, tampoco pudieron mentir.
Con estas decisiones, se hace posible a partir de ahora que cualquier citado que lo considere por cualquier Comisión de Investigación, comparezca, diga lo que considere oportuno y luego se levante y se vaya. O sea, las Comisiones de Investigación han muerto en Andalucía como instrumentos de determinación de las responsabilidades políticas en cualquier caso. Con ello, la judicialización de la vida política será el único camino.